La entidad denunció que los parlamentarios Américo Gonza, Lucinda Vásquez y Waldemar Cerrón impulsaron proyectos de ley que disponen la absorción de los CEM por una nueva superintendencia, sin evaluar el impacto de esta decisión en las víctimas de violencia.
En el Perú, una mujer es asesinada cada 48 horas por razones de género. En este contexto, la reciente propuesta del Congreso de la República del Perú, de poner en peligro los Centros de Emergencia Mujer (CEM) ha generado una ola de rechazo y preocupación entre organizaciones de derechos humanos, activistas y especialistas.
Según denunció la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) a través de un comunicado en la red social X (antes Twitter), los congresistas Américo Gonza, Lucinda Vásquez y Waldemar Cerrón impulsaron proyectos de ley que disponen la absorción de los CEM por una nueva superintendencia, debilitando el programa clave del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que hoy atiende a miles de víctimas de violencia.
La propuesta, que ya fue aprobada en la Comisión de Justicia, plantea reemplazar los CEM por un organismo que solo brindaría asesoría legal, sin acompañamiento psicológico ni social. Actualmente, los CEM representan el 20% del presupuesto del MIMP – más de S/209 millones según cifras del MEF – y son considerados una herramienta clave para combatir la violencia de género en el país. Su debilitamiento o traslado comprometería la continuidad de una política pública con más de dos décadas de implementación.
La Comisión de Justicia del Congreso, presidida por Isaac Mita Alanoca (Perú Libre), aprobó el pasado 15 de abril un dictamen basado en al menos tres proyectos de ley que incluyen la eliminación de los CEM mediante su absorción por la Superintendencia de Defensa Pública y Acceso a la Justicia (SUDEPUB), dependiente del Ministerio de Justicia (MINJUSDH). Esta medida implicaría el traspaso de presupuesto, infraestructura, personal, archivos y contratos de los CEM en un plazo de 90 días hábiles desde la promulgación de la norma.
Sin embargo, el dictamen – que suma 15 páginas – no contiene ningún análisis sobre las consecuencias de esta decisión, ni una evaluación del impacto que tendría sobre las víctimas. Tampoco se solicitó opinión técnica al MIMP, que es el ente especializado en políticas de prevención y atención frente a la violencia de género. Solo se consultó al Ministerio de Justicia, MEF, PCM y otras instancias ajenas a la atención directa a mujeres.