La institución cuestiona la propuesta legislativa que abriría la posibilidad de desarrollar actividades de hidrocarburos en espacios protegidos y advierte posibles impactos sobre la biodiversidad, los pueblos indígenas en aislamiento y el futuro ambiental del país. El debate vuelve a poner sobre la mesa una pregunta clave: ¿cómo atraer inversiones sin comprometer el patrimonio natural del Perú?

La posibilidad de modificar la Ley de Áreas Naturales Protegidas (ANP) ha encendido las alertas del Colegio de Biólogos del Perú (CBP), institución que expresó su rechazo a la Proposición Legislativa N.° 00098/2026-2031-CD, impulsada en el marco de las facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo. Según el pronunciamiento del gremio profesional, la iniciativa podría debilitar los mecanismos de protección ambiental al facilitar el desarrollo de proyectos de hidrocarburos en espacios que cumplen un papel fundamental para la conservación de la biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas.

La preocupación adquiere especial relevancia en un país como el Perú, donde los bosques amazónicos y otros ecosistemas naturales enfrentan presiones por actividades como la minería ilegal, la deforestación y la expansión de la frontera agrícola. Para el Colegio de Biólogos del Perú, flexibilizar las disposiciones que protegen las áreas naturales podría agravar este escenario y generar consecuencias que trasciendan el ámbito ambiental, especialmente si las intervenciones afectan territorios vinculados a los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI), cuya supervivencia depende, en gran medida, de la preservación de sus espacios de vida.

La institución sostiene que las áreas naturales protegidas no representan un obstáculo para el desarrollo, sino una infraestructura natural que contribuye a sostener la economía, reducir riesgos y garantizar recursos esenciales para las generaciones presentes y futuras. En esa línea, invoca la evidencia científica y los aportes de organismos internacionales como el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) para destacar la importancia de conservar estos espacios frente a la crisis climática.

Entre sus principales aportes, el CBP señala que los ecosistemas protegidos ayudan a evitar la deforestación y la degradación de los suelos, reduciendo la liberación de gases de efecto invernadero. También contribuyen a regular el ciclo del agua, amortiguar los efectos de determinados eventos climáticos extremos y mantener corredores naturales que permiten la supervivencia y el desplazamiento de distintas especies frente al calentamiento global.

A ello se suma su importancia para la seguridad alimentaria y la economía de las comunidades rurales e indígenas. La conservación de la diversidad genética de especies agrícolas, incluidos los parientes silvestres de cultivos

como la papa, el maíz y el cacao, representa un recurso estratégico para la alimentación y la adaptación a futuros cambios ambientales. Del mismo modo, numerosas poblaciones encuentran en el ecoturismo y el aprovechamiento sostenible de recursos no maderables alternativas para generar ingresos sin depender exclusivamente de actividades extractivas.

En materia económica, el Consejo Directivo Nacional del Colegio de Biólogos del Perú reconoce que promover inversiones es una responsabilidad legítima del Estado; sin embargo, sostiene que este objetivo debe desarrollarse respetando los estándares ambientales y las garantías de protección de los territorios sensibles. A juicio de la institución, la iniciativa legislativa cuestionada no contaría con suficiente sustento técnico y científico para justificar cambios que puedan debilitar la conservación de los ecosistemas.

En el documento, el gremio profesional remarca que el crecimiento económico no debería construirse a costa de reducir las salvaguardas ambientales ni de alterar espacios protegidos en función de las necesidades particulares de un proyecto minero o de hidrocarburos. La discusión, por tanto, no se limita a la viabilidad de una actividad económica, sino que involucra la evaluación de sus efectos sobre la biodiversidad, los derechos de las poblaciones indígenas y la sostenibilidad de los recursos naturales.

Frente a este escenario, el Colegio de Biólogos del Perú se sumó al llamado de organizaciones de la sociedad civil para que el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo no impulsen facultades legislativas que permitan modificar la normativa ambiental en los términos cuestionados.

La controversia deja planteado un desafío que va más allá de una propuesta legislativa: encontrar un equilibrio entre la inversión, el aprovechamiento responsable de los recursos y la protección de los ecosistemas que sostienen la vida. Cualquier modificación normativa en esta materia requiere transparencia, evaluación técnica y un debate público que considere las consecuencias a largo plazo.

El verdadero desarrollo no consiste únicamente en extraer riqueza de la naturaleza, sino en garantizar que el país conserve sus bosques, su biodiversidad y sus fuentes de vida para las generaciones que todavía están por venir.