La Comisión Ambiental Municipal (CAM) de la Provincia de San Martín, integrada por representantes de instituciones públicas, organizaciones y colegios profesionales, ha emitido un enérgico pronunciamiento contra la Ordenanza Municipal N.º 022-2025-MPSM, aprobada el pasado 7 de julio, que cambia la zonificación en el entorno de la laguna Ricuricocha para permitir el desarrollo de una zona residencial de baja densidad.
En el documento, la CAM exige a la Municipalidad Provincial de San Martín gestionar la nulidad de la ordenanza y suspender cualquier actuación administrativa basada en el plan específico aprobado, advirtiendo que la laguna Ricuricocha es un bien de dominio estatal, registrado por el Gobierno Regional de San Martín como área destinada a la conservación y recuperación de ecosistemas.
El pronunciamiento subraya que la zona es un humedal urbano con flora, fauna, régimen hídrico y valor paisajístico, reconocida como Área de Endemismo de Aves, lo que obliga a cumplir con los estudios técnicos y procesos participativos establecidos en el Plan de Desarrollo Urbano (PDU).
Normas superiores ignoradas. La CAM sostiene que la ordenanza no ha considerado la vigencia de leyes y reglamentos nacionales que condicionan cualquier modificación de zonificación, como la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible (Ley 31313), la Ley de Humedales (Ley 32099) y sus reglamentos. Por ello, insta al Gobierno Regional de San Martín a liderar la convocatoria de las instituciones públicas para hacer cumplir la ley.
Convocatoria a defensa técnica y legal. Entre los puntos más firmes del pronunciamiento, se solicita convocar de urgencia a una evaluación técnica y legal que incluya la participación de la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión Ambiental, municipalidades distritales, colegios profesionales (ingenieros, arquitectos, abogados), la Autoridad Nacional del Agua, el Servicio Nacional Forestal, la Dirección Regional de Turismo y la Defensoría del Pueblo, para proponer estrategias de conservación de la laguna Ricuricocha.
Defensa de los recursos naturales. La CAM también exige a los congresistas de San Martín pronunciarse en defensa de la laguna, respalda los mecanismos de consulta ciudadana en todos los procesos de planificación y recuerda que, si bien no se opone a la inversión privada, la libertad de empresa no puede estar por encima del derecho constitucional a un ambiente sano y equilibrado.
Sienta precedente. La postura de los colegios profesionales es destacable, pues señalan con claridad sus argumentos técnicos y legales, mostrando que la defensa de los bienes comunes se fortalece cuando la ciudadanía organizada y las instituciones actúan juntas. Así se construye sociedad.
Fiscalía investiga a alcaldesa de Tarapoto y regidores por presuntos delitos ambientales y falsedad ideológica
La batalla legal por la Laguna Ricuricocha ha dado un giro decisivo. El abogado Napoleón Salas confirmó que la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental abrió investigación preliminar contra la alcaldesa Lluni Perea Pinedo por presuntos delitos contra las normas ambientales y contra el ordenamiento territorial, previstos en los artículos 312 y 314 del Código Penal.
La denuncia fue presentada el 18 de julio y la Fiscalía dispuso la apertura de investigación el 11 de agosto de 2025, marcando el paso de Perea de la condición de denunciada a la de investigada formalmente.
El abogado explicó que el caso tiene dos aristas. El fondo del asunto: Se cuestiona que la ordenanza municipal aprobada habría vulnerado normas ambientales y el ordenamiento territorial. Informes técnicos estatales ya advierten que la zonificación aprobada es incompatible con las modificaciones realizadas en el área de la laguna.
La forma: La ordenanza publicada en el Diario Oficial El Peruano dispensa del trámite de lectura y aprobación, pero no existe registro claro de que esa votación por mayoría (6 a 5) se haya realizado.
No hay acta firmada ni constancia de en qué sesión y con qué regidores se tomó tal decisión. Esto podría configurar el delito de falsedad ideológica, al insertar en un documento público un hecho que nunca ocurrió.
Fiscalía evalúa situación de los regidores. Por ahora, la situación jurídica de los regidores está en reserva. Algunos han aportado información a la Fiscalía, lo que podría mantenerlos en calidad de testigos. Otros, si no colaboran, podrían ser incorporados como investigados.
La Fiscalía ha solicitado actas y videos de las sesiones donde supuestamente se aprobó la dispensa. La clave, según el abogado, es preguntar a los regidores: “¿Cuándo fue la votación para dispensar el trámite?”.
Escenario clave para la alcaldesa y regidores. El caso abre un nuevo escenario sobre la validez formal de la ordenanza municipal. Si se confirma que no hubo votación y que la publicación fue decidida solo por la alcaldesa, la ordenanza sería nula de pleno derecho.
La alcaldesa Lluni Perea Pinedo ha sido citada por la Fiscalía Penal Ambiental de Moyobamba para el martes 9 de septiembre de 2025, a las 16:00 horas, donde deberá explicar por qué procedió con la publicación de la ordenanza.
“Es un momento crucial para que los regidores defiendan la naturaleza y la Laguna Ricuricocha. Si no hubo aprobación como corresponde, la norma es nula. Y si se demuestra que se insertó un hecho falso en un acta, estamos frente a un delito de falsedad ideológica”, advirtió el abogado.
La comunidad y la ley están mirando. Este proceso no solo definirá el destino de la laguna, sino que puede sentar un precedente jurídico sobre cómo se legisla y qué límites tienen las autoridades locales.
Delitos imputados: contra normas ambientales y contra el ordenamiento territorial (arts. 312 y 314 del Código Penal) + posible falsedad ideológica.
Posibles sanciones: Delitos ambientales: hasta 6 años de prisión. Falsedad ideológica: hasta 8 años de prisión. Inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La alcaldesa Lluni Perea Pinedo declarará ante la Fiscalía Penal Ambiental de Moyobamba el 9 de septiembre de 2025 a las 4:00 p.m.
“Si la ordenanza fue publicada sin votación ni acta válida, es nula y los responsables enfrentarán proceso penal”, advierte el abogado del caso.
Advertencia: Este proceso puede marcar un precedente legal para autoridades en ejercicio y futuros candidatos.
Nota de redacción: Fueron elegidos para legislar por el bienestar de la comunidad, no para beneficiarse del puesto que ocupan ocasionalmente. Los funcionarios, regidores y alcaldes están advertidos: este hecho puede marcar un precedente para quienes hoy ejercen cargo público y para los que pretenden incursionar en política.