Población exige intervención inmediata del OCI para una fiscalización efectiva, mientras el PEAM guarda silencio y no responde a los cuestionamientos ciudadanos.

En declaraciones brindadas a Interactiva Radio de Moyobamba, el ingeniero Jhony Ocampo, presidente del Comité de Obra de Juninguillo, anunció públicamente su renuncia irrevocable, decisión que alcanza a todos los integrantes del comité, como medida de protesta frente a las constantes restricciones impuestas por la empresa contratista encargada de la obra de captación de Juninguillo, un proyecto clave para el abastecimiento de agua potable de la ciudad de Moyobamba.

Durante una reunión informativa con la población, Ocampo explicó que el comité fue sistemáticamente limitado en sus funciones de fiscalización, llegando incluso a restringírseles el acceso a los trabajos en campo, lo que les impidió supervisar, verificar y contrastar el avance real de la obra, pese a tratarse de un proyecto de alto interés público y social. “No se puede ejercer vigilancia ciudadana cuando se nos cierran las puertas y se nos niega información básica”, sostuvo.

Ante este anuncio, los vecinos organizados de Juninguillo solicitaron al comité reconsiderar su decisión, advirtiendo que, sin su presencia, la obra quedaría sin ningún tipo de control ciudadano, dejando a la empresa contratista en una posición de total discrecionalidad. La población expresó su temor fundado de que la ausencia de fiscalización derive en retrasos injustificados, deficiencias técnicas, sobrecostos o fallas estructurales, cuyos efectos podrían manifestarse a mediano y largo plazo.

En ese contexto, la ciudadanía demandó de manera directa una acción inmediata y efectiva del Órgano de Control Institucional (OCI), reclamando resultados concretos y no solo informes formales, así como una posición clara del Proyecto Especial Alto Mayo (PEAM), entidad responsable de la obra, que hasta el momento no ha respondido a las preocupaciones ni a los cuestionamientos planteados por la población. Para los vecinos, el silencio institucional no hace más que incrementar la desconfianza y refuerza la urgencia de una fiscalización real, transparente y permanente.