La Prueba Única Regional de Contratación Docente 2014, en la región San Martín se desarrolló ayer domingo 19 de enero, sin ningún contratiempo, y en el marco de un proceso que se efectuó con mucha honestidad, ética y transparencia, tal como dieron cuenta las autoridades educativas y los propios profesores postulantes.
Un total de 4 mil 470 docentes de los tres niveles y modalidades, rindieron dicho examen para coberturar una de las 2 mil 270 plazas vacantes de contrato para laborar durante este año, en las instituciones educativas públicas.
El Gobierno Regional de San Martín a través de la Dirección Regional de Educación adoptó todas las medidas preventivas en un trabajo coordinado con las 10 Unidades de Gestión Educativa Local –UGEL.
También con la Policía Nacional, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, que garantizaron la seguridad y transparencia durante el proceso evaluativo, que se ejecutó en las 04 sedes descentralizadas de Moyobamba, Tarapoto, Mariscal Cáceres y Tocache”, dijo la autoridad educativa.
El examen se inició a las 9, y tuvo una duración de 3 horas, tiempo en que los profesores resolvieron 60 ítems, sobre razonamiento verbal análisis casuístico y cultura pedagógica.
Las autoridades del orden extremaron las medidas de control y seguridad en los 4 centros descentralizados de la prueba, sin embargo, el magisterio postulante actuó con mucha conciencia y responsabilidad, acatando puntualmente las normas que se dispusieron.
EN MARISCAL CACERES.
En el Colegio la Inmaculada de Juanjuí, rindieron la evaluación, 779 docentes de los cuales, 328 corresponden a Mariscal Cáceres, 145 a Huallaga y 306 a la provincia de Bellavista.
60 funcionarios y trabajadores debidamente acreditados a nivel de las tres provincias presididas por los directores de las UGEL, fueron los encargados de aplicar la evaluación en 30 aulas que acogieron a los postulantes.
Comisionados del Ministerio de Educación y la dirección regional de educación presidieron este proceso que se llevó con total transparencia y que contó con la custodia de la Policía Nacional, la Fiscalía, así como la veeduría de la Gobernación y el SUTEP.