La denuncia busca que se restablezca el respeto al orden jurídico comunitario y se protejan los derechos fundamentales de las comunidades amazónicas, gravemente afectadas por el avance de la minería ilegal en la región.
Los pobladores de las comunidades nativas y campesinas asentadas a lo largo de la cuenca del río Nanay, en la región Loreto, demandarán al Estado peruano ante la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN), por incumplir la Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal y otras normas comunitarias diseñadas para proteger el medio ambiente y los derechos fundamentales de las comunidades amazónicas.
La denuncia, que será entregada ayer viernes 27 de junio, sostiene que el Perú ha incumplido sus compromisos regionales para enfrentar la minería ilegal. Según los denunciantes, el país no ha tomado acciones efectivas para frenar esta actividad, controlar sustancias tóxicas como el mercurio y coordinar esfuerzos con otros países andinos frente al crimen organizado. Además, critican la ampliación del REINFO, un “mecanismo de formalización” que, lejos de frenar la informalidad, habría facilitado la expansión de la minería ilegal. Esto ha dejado a las comunidades del Nanay en una situación crítica, afectando su entorno natural, seguridad, salud y forma de vida.
Daño ambiental
La minería ilegal ha generado un aumento significativo de la deforestación en la Amazonía, contaminación de ríos con mercurio, alteración de los cauces naturales y pérdida acelerada de biodiversidad. Estos impactos ponen en riesgo no solo a las comunidades del Nanay, sino también a ciudades como Iquitos que dependen de esta cuenca hidrográfica para el abastecimiento de agua.
Impacto social y en derechos humanos
Las comunidades también denuncian desplazamientos forzados, amenazas y ataques a defensores ambientales, reclutamiento de menores por redes criminales, explotación sexual en campamentos mineros ilegales y el deterioro de la organización comunal y las prácticas culturales ancestrales.
Consecuencias económicas y de seguridadLa expansión de la minería ilegal ha fortalecido a las redes delictivas involucradas en el tráfico de insumos químicos, lavado de activos y exportación ilegal de oro. Además, esta actividad alimenta a la corrupción y termina por afectar la reputación internacional del Perú en diversos foros.
Para los denunciantes, esta acción no representa una confrontación, sino un ejercicio legítimo de defensa de su territorio, su salud y su futuro. Lo que esperan es que la Secretaría General de la Comunidad Andina determine el incumplimiento del Perú y emita recomendaciones para corregir el rumbo. Al mismo tiempo, exigen al Estado peruano que alinee su estrategia contra la minería ilegal con los compromisos andinos y garantice los derechos de las poblaciones afectadas.