La distancia a los locales de votación, la falta de DNI y la ausencia de información oficial mantienen a miles de ciudadanos amazónicos al margen de las elecciones. Líderes nativos denuncian prácticas clientelistas y exigen al Estado condiciones reales para ejercer su derecho al sufragio.

En lo profundo de la Amazonía peruana, ejercer el derecho al voto sigue siendo un privilegio. Cada proceso electoral deja fuera a miles de ciudadanos indígenas debido a las enormes distancias entre sus comunidades y los locales de sufragio, la falta de documentos de identidad y la escasa presencia de instituciones estatales que den información sobre los comicios. En la región San Martín, donde habitan los pueblos Awajún, Kichwa y Shawi, este problema se ha convertido en una barrera histórica que limita su participación democrática.

Uno de los principales obstáculos es la obtención del Documento Nacional de Identidad (DNI). Para tramitarlo, los pobladores deben viajar a ciudades como Tarapoto, Rioja, Lamas y Moyobamba, invirtiendo más de 200 soles en pasajes, alojamiento y alimentación. Para familias con economías de subsistencia, este monto es inalcanzable. Como consecuencia, miles de nativos no acuden a los procesos electorales. Según el Censo 2011 del INEI, la población indígena en San Martín asciende a 35,613 personas, pero más de la mitad no logra sufragar debido a la falta de mesas cercanas y a la carencia de DNI.

La problemática se agrava durante las campañas electorales. Líderes como Segundo Hernández Villoslada, director de Justicia Indígena y la abogada ambientalista Gloria Elisabeth Collantes Labajos, señalan que algunos candidatos trasladan en camiones a los votantes desde sus comunidades hacia los centros de sufragio, ofreciéndoles transporte, hospedaje y comida a cambio de su voto. Esta práctica, que vulnera la libertad del sufragio, se sostiene sobre la precariedad que el propio Estado no atiende. Además, la ausencia de información oficial dificulta conocer el verdadero alcance del problema: ni la ONPE ni la Defensoría del Pueblo tienen cifras sobre cuántos indígenas han sido multados por no votar, y el INEI mantiene restringidos ciertos registros poblacionales que deben solicitarse directamente en Lima, porque ahora están protegidos ya que se utilizaban para formar falsas comunidades indígenas.

El testimonio de los líderes indígenas revela la dimensión real del obstáculo. Manuel Inuma Alvarado, apu de la comunidad Santa Rosillo de Yanayacu, explica que, en su localidad, de casi 400 habitantes, el 50% no votó en las últimas elecciones municipales. Solo en pasajes para llegar a Huimbayoc, capital distrital, se requieren 80 soles, además de alojamiento y comida por tres días. Sumando, todo, alrededor de 200 soles por persona. “Es imposible para muchos de nosotros”, expresa. Kevin Inuma Mandruma, del Valle del Yanayacu en el Bajo Huallaga, pide a los organismos electorales la instalación de mesas más cercanas: “Queremos participar de manera responsable, pero el Estado debe facilitarnos las condiciones”.

Mientras tanto, el Jurado Nacional de Elecciones establece multas que oscilan entre los 26.75 y 107 soles (fluctúa según el extracto económico) por no sufragar. Un monto que comparado con los gastos de traslado (en muchos casos representan el doble) hace que no exista incentivo para la participación. Pese a ello, las autoridades regionales muestran avances incipientes: Percy Tapia Saucedo, gestor de la Oficina de Coordinación de Tarapoto, anunció que evalúan instalar mesas de votación en centros poblados cercanos a comunidades nativas. En tanto, el gerente regional del RENIEC, Manuel Valdez Andía, indicó que insistirán en acercar los servicios de identificación para reducir la omisión electoral. Al solicitarle datos estadísticos sobre este no ejercicio del voto en comunidades nativas, su respuesta fue que había que solicitarlas con meses de anticipación a Lima. Una respuesta que pone en evidencia que no se tiene mapeado el problema, ni se considera una prioridad.

Todo apunta a que este es un patrón que se repite a lo largo y ancho de la Amazonía. Las comunidades indígenas protegen el bosque tropical, resisten en solitario el embate de las economías ilegales, defienden la soberanía territorial e históricamente han sido postergadas y siguen siéndolo hoy; quizás esto último tenga que ver con que su voto no cuenta y no cuenta porque es menguado por el propio sistema. Lo que hemos visto que ocurre en la comunidad Santa Rosillo, en dónde la mitad de sus 400 habitantes no votaron en las últimas elecciones debería hacer saltar todas las alertas. Si no eligen tampoco son ni serán elegidos. En el departamento de San Martín existe el compromiso de implementar mayores facilidades para las Elecciones Generales 2026. Las comunidades esperan que esta vez el Estado cumpla con garantizarles un derecho básico: ser parte de la democracia que es sinónimo de ser parte del Perú. Por: Hugo Anteparra