El Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de San Martín debatirá el próximo 23 de febrero el pedido de suspensión de la alcaldesa Lluni Perea, solicitud que vuelve a colocar a la comuna provincial en el centro de la atención pública.

El pedido fue presentado por el ciudadano Iván Rojas, quien solicita que la autoridad edil sea suspendida de sus funciones mientras el Ministerio Público desarrolla las investigaciones por el presunto otorgamiento irregular de un terreno a una inmobiliaria en la zona de Ricuricocha. El caso incluye además la difusión de un audio, el cual formaría parte de las diligencias fiscales en curso.

De acuerdo con el procedimiento establecido, la solicitud será evaluada y sometida a votación por el Concejo Municipal. En caso de ser aprobada por mayoría, el acuerdo será remitido al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que actuará como segunda y última instancia administrativa.

Si el Concejo aprueba la suspensión, la alcaldesa contará con un plazo de ocho días hábiles para presentar un recurso de reconsideración y de diez días hábiles para interponer un recurso de apelación. Posteriormente, el expediente deberá ser elevado al JNE en un plazo máximo de cinco días hábiles, entidad cuya resolución tendrá carácter definitivo e inapelable.