VOCES entrevistó al especialista en gestión territorial, Ingeniero Martín Arana, especialista en políticas públicas, trabaja en la investigación y evaluación ambiental.
En Tocache, la expansión de las concesiones mineras ha generado preocupación entre expertos, autoridades y comunidades. El especialista Martín Arana, líder en Gestión Territorial Amazónica, explica que las concesiones mineras en la zona están en plena etapa de trámite y titulación, con procesos que, en algunos casos, avanzan sorprendentemente rápido. Esto plantea riesgos importantes, especialmente si se considera la posibilidad de que estas actividades puedan migrar hacia zonas cercanas, como San Martín, generando un efecto «globo» que podría desatar conflictos y violencia.
¿Qué está ocurriendo exactamente?
En el mapa de Tocache, las áreas en azul representan concesiones tituladas, mientras que las en verde son petitorios, es decir, solicitudes en trámite. Recientemente, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMET) aprobó una resolución en una zona específica, pero lo que llama la atención es la rapidez con la que algunos derechos mineros, como los de la Empresa California y otros titulares, están siendo titulados, en algunos casos en cuestión de meses. Esto genera sospechas sobre la transparencia y los mecanismos que están permitiendo acelerar estos procesos.
Por ejemplo, en un bloque grande en territorio de San Martín, el representante Harold Ramírez García tiene más de 20 empresas a su nombre, lo que plantea dudas sobre la concentración de derechos mineros en pocas manos y el impacto que esto puede tener en las comunidades y el medio ambiente.
El riesgo del efecto globo
El «efecto globo» se refiere a la expansión de actividades mineras ilegales o informales desde una zona hacia otra, en este caso, desde Tocache. La preocupación es que, si no se controlan las concesiones y se toman medidas preventivas, la minería puede migrar, generando conflictos sociales, violencia y daños ambientales. La ley de minería requiere que estas acciones sean reguladas y fiscalizadas, pero en la práctica, los mecanismos existentes parecen ser insuficientes o lentos.
La importancia de la coordinación y la acción política
Martín Arana señala que, además de los controles operativos en las carreteras y puntos de acceso, es fundamental que exista una reacción política coordinada en el Congreso y en los niveles regionales. La ley de pequeña minería, actualmente en debate, debe incluir medidas claras para frenar la expansión descontrolada y formalizar actividades responsables, sin dejar espacio para la ilegalidad.
Asimismo, advierte que las instituciones del Estado, como el SERFOR y el INGEMET, no tienen competencia para opinar sobre aspectos sociales o criminales relacionados con la minería, lo que limita la capacidad de respuesta ante problemas complejos. La falta de una visión integral y la ausencia de coordinación entre diferentes entidades agrava la situación.
¿Qué se debe hacer?
Martín Arana recomienda que las autoridades regionales y nacionales exijan incluir a San Martín en las zonas de influencia de las acciones preventivas y de control. La estrategia debe ser macro-regional, coordinada y con una visión integral que contemple tanto los aspectos técnicos como sociales y ambientales.
La prioridad es evitar que Tocache vuelva a vivir episodios de violencia relacionados con la minería, algo que ninguna comunidad puede permitirse.
La expansión minera en Tocache y sus alrededores no solo implica un riesgo económico o ambiental, sino también la posibilidad de desatar conflictos sociales y violencia si no se gestionan con responsabilidad y coordinación. La historia ha demostrado que la falta de control y planificación puede tener consecuencias devastadoras.