El Poder Judicial impuso penas de hasta 35 años de prisión por el asesinato del líder indígena de la Comunidad Nativa Kichwa de Santa Rosillo de Yanayacu, ocurrido en noviembre de 2023.

La Tercera Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada logró que el Poder Judicial condene a Genix Saboya Saboya, Limber Ríos Ruiz, Segundo Juan Villalobos Guevara y Jerly Saboya Saboya por el delito de sicariato, en agravio de Quinto Inuma Alvarado, Apu de la Comunidad Nativa Kichwa de Santa Rosillo de Yanayacu, en la región San Martín.

Ante las pruebas presentadas, la juez del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional impuso 35 años de pena privativa de la libertad a Genix Saboya Saboya y Limber Ríos Ruiz, mientras que Segundo Juan Villalobos Guevara fue condenado a 28 años y cuatro meses. En tanto, Jerly Saboya Saboya recibió una pena de 15 años de prisión en calidad de cómplice primario.

El Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional es un tribunal del Poder Judicial del Perú especializado en procesar delitos graves de corrupción, lavado de activos y crimen organizado dentro de la Corte Superior Nacional. El despacho está conformado por tres magistrados titulares: Nayko Techy Coronado Salazar (Jueza presidenta), María Julia del Carmen Benites Goicochea. Wilmer Roy Quispe Umasi

Durante el juicio oral, la Fiscalía presentó una cantidad de pruebas personales, documentales y periciales que permitieron acreditar la responsabilidad de los cuatro sentenciados en el asesinato de Quinto Inuma Alvarado. La acusación fue sustentada por el fiscal provincial Juan Alberto Orihuela Legonía y la fiscal adjunta provincial Paloma María Andaluz Queirolo.

El crimen ocurrió el 29 de noviembre de 2023, cuando Inuma Alvarado viajaba por el río Yanayacu. El ataque armado también dejó heridas a otros ocupantes de la embarcación, entre ellos Axeldina Barbaran Tapullima, quien recibió impactos de proyectiles de arma de fuego.

Según la decisión judicial, los condenados planearon y ejecutaron el asesinato debido a la labor que desarrollaba el Apu en defensa de los derechos humanos y ambientales de su comunidad. Inuma había presentado denuncias contra los acusados con el propósito de frenar la deforestación de los bosques y otros delitos, entre ellos el tráfico ilícito de drogas.

Quinto Inuma Alvarado había sido reconocido como defensor de derechos humanos por la Dirección de Políticas y Gestión en Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Debido a diversos ataques que pusieron en riesgo su vida y la de otros integrantes de la comunidad, el Estado activó un Procedimiento de Alerta Temprana y dispuso medidas de protección; sin embargo, estas no evitaron su asesinato.

Con esta sentencia, el Ministerio Público destacó su compromiso con la defensa de los derechos humanos y de los pueblos indígenas, así como con la lucha contra el crimen organizado en los territorios amazónicos. La Fiscalía remarcó que continuará investigando y persiguiendo los crímenes cometidos incluso en las zonas más alejadas del país, con el objetivo de que los responsables sean sancionados conforme a ley. Por: Hugo Anteparra