El Congreso de la República presentó ante el Tribunal Constitucional, un pedido de ampliación a la demanda competencial que interpuso por el “caso defensor del pueblo”, a fin de que el máximo intérprete de la Constitución interprete el artículo 117.
En efecto, el Legislativo interpuso este recurso ante el TC debido a lo que consideran, una “injerencia” del Poder Judicial en procesos “exclusivos y excluyentes” como la elección del defensor del pueblo. Como se recuerda, este poder del Estado ordenó paralizar este proceso debido a una demanda de amparo presentada por el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo.
Cabe señalar que, el artículo 117 de la Carta Magna establece los delitos por los cuales, un presidente en ejercicio puede ser acusado; estos son, traición a la patria, disolver el Congreso inconstitucionalmente, impedir las elecciones y el trabajo de los organismos electorales y el Legislativo.
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó ante el Congreso, una denuncia contra el jefe de Estado, Pedro Castillo, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias agravado. Si bien, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dio cuenta de esta denuncia, la defensa del presidente apunta a anular la misma debido a que no acusa al presidente de cometer alguno de los delitos contenidos en el artículo 117.