El Congreso de la República promulgó el 24 de diciembre la Ley N.º 32535, que elimina el enfoque de género de la política pública nacional y dispone su reemplazo por el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. La norma también modifica el enfoque de la educación sexual en el sistema educativo público.

La ley fue aprobada por el Pleno del Congreso el 19 de noviembre, con 68 votos a favor, 16 en contra y cinco abstenciones. La iniciativa fue presentada por la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo, de la bancada de Renovación Popular.

De acuerdo con el texto legal, la norma suprime toda referencia al enfoque de género, así como conceptos como “equidad de género”, “igualdad de género” y “violencia de género” de la legislación vigente. En su lugar, se establece la igualdad de oportunidades basada en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres.

En el ámbito educativo, la Ley N.º 32535 elimina la Educación Sexual Integral (ESI) y dispone que el Ministerio de Educación elabore nuevos lineamientos para una enseñanza sexual con base científica, biológica, ética y en valores, considerando las convicciones morales de los padres de familia.

Asimismo, la norma establece que todas las entidades públicas tendrán un plazo máximo de un año para adecuar sus políticas, normas y documentos institucionales a las nuevas disposiciones.

Tras su promulgación, la ley ha generado cuestionamientos por parte de organizaciones de la sociedad civil, colectivos feministas y sectores de la oposición, que advierten posibles impactos en la protección de derechos y en el cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano.

En ese contexto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación y señaló que la norma podría debilitar las políticas de prevención de la discriminación y la violencia, además de afectar la igualdad sustantiva. El organismo exhortó al Estado peruano a revisar la ley y reafirmar su compromiso con los estándares internacionales de derechos humanos, como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará.