El Congreso de la República acelera, en su último año de gestión, una peligrosa ofensiva para modificar el sistema de justicia a su conveniencia. Según un informe de OjoPúblico, ya se han presentado al menos 26 proyectos de ley que plantean desde la elección de jueces y fiscales por voto popular hasta la eliminación de la potestad de los magistrados para no aplicar normas inconstitucionales.

A este paquete se suma el borrador de la Comisión Especial para la Reforma del Sistema de Justicia, presidida por la ex titular del Parlamento María del Carmen Alva, que propone desactivar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y reemplazarla por una Escuela Nacional de Justicia, cuyos miembros no serían elegidos por concurso público.

Expertos advierten que estas maniobras buscan copar la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público y tener control político sobre el sistema judicial. La mayoría de iniciativas provienen de congresistas de Perú Libre (13), seguidos por Acción Popular (4), Podemos Perú (3), Renovación Popular (2), Alianza Para el Progreso (1) y Somos Perú (1). El exdefensor del pueblo Walter Albán Peralta advirtió que “si perpetran esta reforma, lo que quieren es terminar por controlar la Fiscalía y hacer lo propio con el Poder Judicial”. Todo ocurre tras el retorno de Patricia Benavides como fiscal suprema y en medio de los ataques contra la fiscal de la nación Delia Espinoza, quien enfrenta dos denuncias constitucionales en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, promovidas por el ministro de Justicia Juan José Santiváñez y el congresista Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular). El telón de fondo es revelador: 52 parlamentarios afrontan denuncias constitucionales presentadas por la Fiscalía, lo que confirma que el verdadero objetivo del Legislativo es blindarse y someter a la justicia. Fuente y foto: ojopúblico