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lunes, julio 7, 2025
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Congreso favorece a redes delincuenciales: advierten peligros en la aprobación de cambios a Ley sobre Crimen Organizado

La Comisión Permanente del Congreso dio luz verde a la reforma de la Ley contra el Crimen Organizado. Los nuevos criterios se aplicarán exclusivamente a quienes tengan condenas superiores a 6 años

El pasado jueves 4 de julio se reportó que la Comisión Permanente del Congreso decidió aprobar cambios en la Ley contra el Crimen Organizado. Esta resolución, adoptada en una segunda y definitiva votación, beneficia a las redes delictivas al excluir 59 tipos de delitos que ya no serán juzgados bajo esta ley.

La normativa recientemente adoptada exige la presencia del involucrado y su abogado durante los allanamientos, lo que ha sido considerado por especialistas como una forma de impunidad a favor de las organizaciones criminales.

Advierten peligros en Ley sobre Crimen Organizado

Los nuevos criterios establecidos para calificar el delito de organización criminal aplicarán solo a los que cuenten con penas superiores a 6 años de cárcel, lo que excluye a la estafa agravada, tráfico de productos pirotécnicos, tala ilegal, tortura simple, tráfico de datos personales, entre otros.

“Esto significa impunidad total”, subrayó en un pronunciamiento oficial Ricardo Valdés, exviceministro del Interior y director ejecutivo de la organización en defensa de los derechos humanos.

El especialista también alertó sobre la exclusión de delitos relacionados con la corrupción, como concusión, colusión simple, peculado y cohecho pasivo simple, que ya no serán considerados bajo la Ley de Crimen Organizado, según lo informado.

“Con esta modificación, el Congreso está legislando en favor de la criminalidad. La ley consideraba más de 90 tipos penales como crimen organizado, pero ahora —que han subido la valla— están dejando fuera 59 delitos, entre ellos varios referidos a la explotación humana y otros que afectan la seguridad. Además, los fiscales ya no podrán pedir que la detención preliminar se extienda de 3 a 10 días como lo establece la legislación penal”, aseveró Valdés en un comunicado anterior.

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