A pesar de haber contado con casi 10 años de plazo, el Pleno del Congreso aprobó una norma que beneficia a más de 3.000 docentes universitarios que no cumplieron con obtener una maestría o un doctorado, requisitos establecidos por la Ley Universitaria para ejercer la docencia en el país. La autógrafa de ley ya se encuentra en manos del Poder Ejecutivo, que deberá decidir si la promulga u observa.

La historia se remonta a julio de 2014, cuando se promulgó la Ley Universitaria, cuyo artículo 82 estableció de manera obligatoria que los docentes de pregrado debían contar con grado de maestría, y los de posgrado, con doctorado. Para permitir la adecuación de los catedráticos que provenían de la antigua legislación, se otorgó un periodo de cinco años, plazo que —tras un fallo del Tribunal Constitucional (TC)— empezó a computarse recién desde noviembre de 2015.

Ese periodo venció en noviembre de 2020, pero desde entonces el Congreso aprobó sucesivas prórrogas, argumentando que cerca del 20 % de docentes de universidades públicas aún no cumplía con la exigencia. La última ampliación vencía este mes, sin embargo, el pasado 3 de diciembre, el Parlamento fue más allá y aprobó un dictamen que agrupa cinco proyectos de ley, incorporando una disposición excepcional que vuelve opcional la exigencia de maestría y doctorado para los docentes que ya enseñaban antes de la entrada en vigencia de la Ley Universitaria. La medida no alcanza a quienes fueron nombrados o contratados después de julio de 2014.

Además, con los votos de todas las bancadas, el Pleno exoneró a estos docentes de contar con dichos grados académicos para el ingreso y ascenso en la carrera pública universitaria. En la práctica, la decisión beneficia a más de 3.000 catedráticos, frente a los casi 13.000 docentes de universidades públicas que sí lograron obtener una maestría o doctorado, cumpliendo con lo exigido por la ley.

Las críticas no se hicieron esperar. Jorge Mori, director de Cappes y exfuncionario del Ministerio de Educación (Minedu), calificó la medida como “una burla para los docentes que sí cumplieron con la exigencia”, especialmente para aquellos que enseñan en universidades privadas. Mori advirtió que el mayor nivel de incumplimiento se concentra en universidades públicas emblemáticas como San Marcos, Federico Villarreal, la UNI y San Luis Gonzaga de Ica. “En la práctica, el Congreso está eliminando la obligatoriedad de tener maestrías y doctorados para ese grupo de catedráticos, y eso responde a la presión de sindicatos y federaciones docentes que no están comprometidos con la calidad universitaria”, sostuvo.

El especialista remarcó que el problema de las universidades públicas no es presupuestal, sino de gestión, y advirtió que la consecuencia directa es la pérdida de estudiantes, quienes migran hacia universidades privadas ante la baja calidad de la oferta académica, la falta de buenos docentes, laboratorios y equipamiento. Para diversos sectores, la decisión del Congreso no solo debilita la reforma universitaria, sino que envía un mensaje preocupante: incumplir la ley también puede ser premiado.