Columna: Escenario regional.
Nombre: Carlos Job
Analista Político.
Hace unos días pude asistir a la primera edición del llamado “Consejo de Estado Regional” donde estuvieron presentes integrantes del ejecutivo nacional y los gobernadores regionales de nuestra nación.
El institucional nombre me había me había llamado la atención y aprovechando el recorrido por los pasillos del evento; logré escuchar que la denominación era un cambio del fenecido GORE EJECUTIVO y, que, ahora se pretendía tener un mecanismo eficiente de acuerdos bilaterales que resulten en beneficio de los proyectos de inversión de los territorios regionales de la patria.
De ser así la trama y estando al frente de una transición de procedimientos, considero que se debe de tomar nota de algunas observaciones. La primera, tiene que ver con los compromisos asumidos de las regiones durante los últimos años y por lo que tengo entendido, estas responsabilidades se encontraban registradas en un sistema llamado Yachay.
Entonces, será necesaria una migración y validación del estado de toda la cartera de pedidos de las regiones, sean a nivel de inversiones (proyectos) e intervenciones (actividades) que se han quedado en stanby y también las que se han cumplido porque es importante contar con un aprendizaje de nuestro sistema administrativo nacional – regional.
La segunda observación estaría en el marco metodológico del Consejo de Estado Regional. Este segundo apunte intenta responder a la siguiente interrogante ¿Qué mecanismos se implementarán para garantizar el cumplimiento de acuerdos entre ejecutivo nacional y regional? No es para nada oculto que mucha gente tiene la impresión que los Gores Ejecutivos no pasaban más que eventos protocolares. Por eso, es que esta transición se vuelve una oportunidad real que beneficie el trabajo articulado pensando desde la región para la nación.
Un tercer elemento, viene de aportes de los pasillos hablantes del evento regional. Esta opinión que me parece válida ponerla en el debate discute la posibilidad de ir más allá de una relación de Ejecutivo Nacional y Regional; y poder contar – por ejemplo – con el poder legislativo y otras instituciones que tienen un impacto en el quehacer de la cosa pública en los departamentos del Perú.
¿Cuántas veces hemos escuchado que una ley no permite contar con alguna agilidad al momento de realizar gobierno en las regiones? Esta interrogante puede abordarse como mejoras al marco normativo nacional que premie el desarrollo, en un total estado de derecho, holístico de nuestros pueblos peruanos.
Mientras elaboraba el presente artículo buscaba en internet información que permita señalar objetivamente la discusión, y logré encontrar un link que me parece necesario debatirlo.
Pues en una publicación de PCM se realiza una referencia a este Consejo en el marco del Consejo de Coordinación Intergubernamental – CCI, aprobado con DS N.° 050-2021-PCM.
Sin embargo, cuando ingresamos al dispositivo legal no encontramos una referencia exacta de esta nueva estructura de articulación.
Con todas estas observaciones y aportes lo que nos toca es dar fe y mostrar un estado de optimismo a este intento de trabajo. Y espero de todo corazón que independientemente de los acuerdos bilaterales que se puedan lograr entre algunas regionales y el estado nacional; se pueda trabajar la descentralización real y efectiva.
Ahí está el gran reto y es necesario que se acoplen distintos puntos de vista y aprendizajes que de seguro irán surgiendo en esta máxima finalidad de lograr Un Solo Perú Descentralizado.