El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) emitió un comunicado expresando su preocupación por una serie de incidentes recientes que atentan contra la libertad de prensa y el derecho a la información. El organismo destaca varios casos que consideran alarmantes para el ejercicio periodístico y la salud de la democracia peruana.
La entidad rechaza que la presidenta Dina Boluarte cumpla más de 80 días sin declarar a la prensa. El comunicado enfatiza que guardar silencio afecta el derecho de los ciudadanos a estar informados.
Además, mencionan incidentes preocupantes donde periodistas fueron impedidos de realizar preguntas a la presidenta en eventos públicos, llegando incluso a ser retenidos para evitar su acercamiento.
Otro punto es la reciente aprobación por parte de la Comisión de Descentralización del Congreso para que representantes del Poder Legislativo y del Poder Judicial integren el directorio del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP).
El Consejo advierte que esta medida constituiría un abierto atentado contra la independencia que debe tener este organismo para informar con neutralidad a los peruanos. En respuesta, el Consejo anuncia que presentará una iniciativa para garantizar la autonomía e independencia del IRTP.
El comunicado también aborda el proyecto de ley ‘anti-ONG’, aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso. El ente señala que esta iniciativa afectaría a organizaciones que trabajan con medios de comunicación para promover y defender las libertades de expresión y de prensa.
Expresan inquietud por las acusaciones de “activismo político” y la sugerencia de que estas organizaciones reciben fondos de “agentes extranjeros”, comparando esta legislación con leyes similares aprobadas en regímenes autoritarios.
Agresiones a periodistas
Asimismo, el organismo rechaza los recientes casos de insultos y agresiones contra periodistas, tanto por parte de funcionarios públicos como de otros comunicadores. Destacan incidentes específicos, como los agravios verbales de Phillip Butters contra la periodista Graciela Villasís, y los insultos del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, al periodista Marco Sifuentes.
El Consejo subraya que estas acciones no solo agravan el discurso político, sino que también pueden tener consecuencias lesivas para los profesionales de la información. Citan a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, que advierte sobre la posible responsabilidad internacional de los Estados cuando las declaraciones oficiales generan daños a periodistas.