Retomar una obra pública exige más que reiniciar los trabajos. La planificación técnica, el respaldo financiero y una gestión eficiente son claves para que la inversión beneficie realmente a la comunidad universitaria.
La Contraloría General de la República (CGR) advirtió riesgos técnicos, financieros y administrativos que podrían comprometer la reactivación de la obra de mejoramiento de los servicios académicos y administrativos de la Escuela Profesional de Arquitectura de la Universidad Nacional de San Martín (UNSM), proyecto valorizado en más de S/ 36 millones y paralizado desde mayo de 2025, destinado a beneficiar a estudiantes, docentes y personal administrativo. Las observaciones fueron recogidas en el Informe de Control Preventivo N.° 8952-2026-CG/GRSM-SCP, que evaluó las condiciones para reiniciar proyectos de inversión detenidos. El documento advierte la falta de una adecuada infraestructura de drenaje pluvial y de medidas para estabilizar un talud cercano a la subestación eléctrica, lo que podría generar erosión, inestabilidad del terreno y nuevos retrasos en la ejecución de la obra. Asimismo, la UNSM no cuenta con presupuesto suficiente para financiar servicios esenciales, como la supervisión primigenia, la Junta de Resolución de Disputas y la administración del proyecto. El informe también identifica una brecha financiera, ya que la universidad debe asumir obligaciones con el contratista por S/ 4,5 millones, pero solo dispone de S/ 4 millones, situación que podría afectar la continuidad de la inversión. A ello se suma que el contratista aún no presenta el programa de ejecución de obra actualizado, lo que impide definir el plazo real para culminar la infraestructura. Además, continúa vigente un proceso arbitral entre la entidad y la empresa ejecutora, escenario que podría derivar en nuevas medidas cautelares y complicar la reanudación de los trabajos. Los resultados del control, realizado entre el 26 de mayo y el 7 de junio de 2026, fueron comunicados a la Universidad Nacional de San Martín para que adopte las acciones necesarias y garantice la reactivación y culminación de esta importante inversión pública, evitando mayores retrasos, sobrecostos y perjuicios para la comunidad universitaria.
