Mientras miles de ciudadanos esperan una carretera que impulse la conectividad y el desarrollo de la región, nuevas observaciones evidencian riesgos financieros, atrasos y presuntas irregularidades que podrían comprometer una de las obras viales más importantes de San Martín.
La Contraloría General de la República (CGR) encendió las alertas sobre la situación de la obra vial que unirá Yacucatina, Utcurarca, Machungo y Sauce, luego de advertir un déficit presupuestal superior a los S/ 72 millones, situación que pondría en riesgo la continuidad y culminación de este importante proyecto ejecutado por el Gobierno Regional de San Martín.
De acuerdo con el Informe de Control Concurrente n.° 991-2026-CG/GRSM-SCC, la comisión de control evaluó entre el 18 y 24 de febrero el estado financiero y técnico de la obra, concluyendo que el proyecto presenta serias limitaciones presupuestales que podrían afectar el cronograma establecido y retrasar la entrega prevista para febrero de 2027.
La carretera, considerada estratégica para mejorar la transitabilidad y dinamizar la economía regional, inició su ejecución en febrero de 2025 con una inversión de S/ 218 millones y beneficiará a 119 744 habitantes de las provincias de San Martín y Picota. Sin embargo, la situación financiera actual revela un panorama preocupante.
Según el informe, para el año 2026 la obra dispone de un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 80 millones, pero tras el pago de obligaciones asumidas por la entidad, únicamente quedarían disponibles alrededor de S/ 58 millones para cubrir la ejecución y supervisión de los trabajos durante el presente año. Esta cifra resulta insuficiente frente a la demanda estimada de más de S/ 130 millones necesarios para garantizar la continuidad del proyecto.
La Contraloría advirtió que esta brecha presupuestal podría afectar el normal avance de la obra y generar mayores retrasos, más aún cuando el proyecto ya registra un atraso superior al 50 % respecto al cronograma programado. La entidad de control remarcó que esta situación terminaría perjudicando la futura prestación del servicio de transitabilidad para miles de ciudadanos que esperan una vía segura y moderna.
Pero las observaciones no solo apuntan al aspecto financiero. El órgano de control detectó además que el contratista habría ejecutado trabajos de instalación de tuberías cuando la obra se encontraba suspendida y sin autorización de la supervisión, hecho que podría comprometer la calidad técnica de los trabajos realizados y evitar la aplicación de penalidades económicas correspondientes.
A ello se suma la identificación de una deficiente señalización y delimitación en zonas de riesgo, situación que expone tanto a trabajadores como a terceros a posibles accidentes durante la ejecución de la obra. La falta de medidas de seguridad también podría derivar en paralizaciones, sanciones y contingencias legales tanto para la entidad ejecutora como para la empresa contratista.
Frente a este escenario, la Contraloría General de la República recomendó al titular del Gobierno Regional de San Martín adoptar de manera urgente medidas preventivas y correctivas que permitan asegurar el financiamiento, continuidad y culminación de esta infraestructura vial considerada clave para el desarrollo y la integración de importantes localidades de la región.
