Auditores ingresaron de madrugada y observaron pacientes en pasillos y equipamiento en mal estado
Como parte del operativo multisectorial inopinado iniciado en la región San Martín, la Contraloría General intervino esta madrugada el servicio de emergencias del Hospital Regional de Tarapoto, donde se constató hacinamiento de pacientes atendidos en camillas ubicadas en pasillos, así como la presencia de equipos biomédicos averiados, inoperativos o en desuso.
En el área de emergencias se verificó que pacientes reciben tratamientos médicos en los corredores, incluidos procedimientos endovenosos, en camillas numeradas manualmente y adheridas a las paredes. En el servicio de Diagnóstico por Imágenes se hallaron equipos de rayos X, tomógrafo y Arco en C inoperativos desde hace meses, lo que impide brindar estos servicios esenciales.
En la Unidad de Cuidados Intensivos se identificaron 32 ventiladores mecánicos adquiridos durante la pandemia, actualmente en desuso. De ellos, 12 están inoperativos por fallas en la tarjeta gráfica que impide visualizar correctamente los parámetros en el monitor. Asimismo, en las cuatro salas del centro quirúrgico se detectó equipamiento que requiere renovación por continuas fallas, como lámparas cialíticas y máquinas de anestesia.
Respecto a la infraestructura, los auditores registraron grietas en el techo por donde se filtra el agua de lluvias, fallas en el mantenimiento de las conexiones del sistema de aire acondicionado y la ausencia de extintores operativos.
Durante la intervención también se inspeccionó el proyecto del Centro de Hemodiálisis, que cuenta con un presupuesto de S/ 11 millones para infraestructura y equipamiento. En el lugar se encontraron equipos que no han podido ser probados por falta de servicio eléctrico, pendiente de solución.
El operativo estuvo liderado por el vicecontralor de Control Gubernamental, Marco Argandoña, junto a un equipo de 82 auditores multidisciplinarios (44 de la región y 38 de Lima). Esta semana realizarán 60 intervenciones para verificar la prestación de servicios públicos en sectores como Salud, Educación, Transportes, Ambiente, Justicia y Seguridad Interna. Las entidades supervisadas administran un presupuesto conjunto de más de S/ 647 millones.
Durante el día, la Contraloría también intervino la Institución Educativa 1291 de Banda de Shilcayo, donde el local presenta riesgo de colapso, dejando a más de 100 niños sin clases presenciales ni virtuales por falta de Internet.
Asimismo, se supervisó el centro penitenciario Sananguillo, administrado por el INPE, donde se constató hacinamiento de internos: su capacidad es de 600, pero actualmente alberga 866 reclusos.
En la morgue del Ministerio Público, los auditores verificaron que se realizan necropsias con instrumental doméstico, como cuchillos de cocina y herramientas deterioradas. El operativo continuará en las próximas horas en otras entidades de la región.
