Ex Funcionario y servidor de la Municipalidad Provincial de Picota son señalados con presunta responsabilidad civil
La Contraloría General de la República ha identificado un perjuicio económico de S/ 495 413 en la Municipalidad Provincial de Picota, debido a la doble percepción de ingresos por parte de un ex funcionario y un servidor de la entidad. Ambos habrían trabajado simultáneamente en múltiples instituciones públicas de la región San Martín entre 2016 y 2022.
Según el Informe de Control Específico N° 034-2024-2-2981, los implicados recibieron ingresos adicionales al ser contratados bajo la modalidad de locación de servicios y órdenes de servicio en distintas municipalidades distritales, a pesar de que ya percibían un sueldo permanente en la Municipalidad Provincial de Picota.
El informe detalla que el primer involucrado prestó servicios en la Municipalidad Distrital de Caynarachi, provincia de Lamas, entre el 1 de diciembre de 2020 y el 31 de julio de 2022, mientras ocupaba simultáneamente el cargo de jefe de la Oficina de Tesorería en la municipalidad de Picota.
El segundo implicado trabajó paralelamente en las municipalidades distritales de Pucacaca, Tingo de Ponasa, San Cristóbal, San Hilarión y Pilluana, todas ubicadas en la provincia de Picota, entre el 1 de diciembre de 2016 y el 31 de diciembre de 2022. Durante este periodo, también se desempeñó en la jefatura de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones de la Municipalidad Provincial de Picota, cargo que aún ocupa.
Esta situación contraviene el artículo 40° de la Constitución Política del Perú, que establece que ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo remunerado, salvo por razones de docencia. Además, vulnera normativas vigentes como la Ley Marco del Empleo Público, la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones en el Sector Público, así como el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios.
El informe señala que estas acciones afectaron el acceso igualitario a los cargos públicos, el principio de dedicación exclusiva, el correcto funcionamiento de la administración pública y los deberes de probidad y legalidad.
Ante estos hallazgos, la Contraloría General recomendó al órgano instructor iniciar el procesamiento de los responsables y a la Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República emprender las acciones civiles correspondientes para determinar responsabilidades.
El informe completo está disponible en el Buscador de Informes de Servicios de Control en la página web de la Contraloría.