La Contraloría General de la República identificó presunta responsabilidad penal y administrativa en 10 funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), incluido su exjefe, por irregularidades registradas durante la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026, realizada el 12 de abril.

Según el Informe de Control Específico n.° 8536-2026-CG/JUSPE-SCE, funcionarios de las gerencias de Gestión Electoral y Producción Electoral elaboraron términos de referencia sin determinar adecuadamente la necesidad real de vehículos para el transporte de material electoral y equipos informáticos.

El informe señala que los evaluadores aplicaron un criterio no contemplado en las bases —reducir dos metros a la longitud de los vehículos— para favorecer a un postor cuya propuesta económica superaba en S/ 168 148.19 a otra oferta. Además, se otorgó puntaje inexacto a seis vehículos, pese a que la propuesta beneficiada excedía en S/ 469 404.09 a la del postor que debía obtener la adjudicación.

La Contraloría también advirtió que el servicio fue ejecutado mayoritariamente con vehículos de terceros, equivalente al 92% de la flota, y que se aprobaron prestaciones adicionales por S/ 650 205.94 sin sustento técnico, elevando considerablemente el costo del servicio.

Otro hallazgo involucra a funcionarios del área tecnológica, quienes reprogramaron 43 rutas de distribución un día antes de las elecciones, asignando tiempos de entrega de apenas tres y cuatro horas cuando se requerían al menos ocho.

Esta situación ocasionó la entrega tardía de material electoral en 3,605 mesas de sufragio, de las cuales 187 no llegaron a instalarse, afectando el derecho al voto de 55,261 electores de Lima Metropolitana.

Ante estos hechos, la Contraloría recomendó al titular de la ONPE iniciar el deslinde de responsabilidades administrativas, mientras que a la Procuraduría Pública le sugirió emprender acciones penales. Asimismo, exhortó a la Junta Nacional de Justicia a actuar de oficio.