El colapso persistente en las líneas de transmisión eléctrica de la Amazonía peruana evidencia la inacción estatal en infraestructura, encarece el costo de vida de los ciudadanos y pone en riesgo constante los hogares y negocios locales.

La fragilidad del sistema eléctrico en la región San Martín no es una casualidad, sino el resultado directo de años de descuido estructural en la red de transmisión nacional. Las líneas clave que abastecen la zona – como la que recorre la ruta Tingo María – Aguaytía – Tocache – San Martín y el tramo de Moyobamba a Tarapoto – han sobrepasado su capacidad operativa desde hace tiempo. La falta de mantenimiento, sumada a la nula ampliación del sistema y a la escasa exploración de nuevas fuentes de generación renovable como la eólica y la solar, ha dejado a la región expuesta a interrupciones críticas y a variaciones extremas de voltaje.

Esta dependencia del modelo tradicional hidroeléctrico y la constante recurrencia a la generación térmica a base de petróleo han encarecido de forma alarmante la energía. En el sector industrial, donde la tarifa supera losS/ 2,20, el impacto no se queda en las fábricas: el 100%del costo sobreañadido es trasladado a la canasta familiar a través del alza en los precios de los productos y servicios de consumo diario.Una transición oportuna hacia la energía solar o eólica habría permitido amortiguar las tarifas durante las horas de mayor radiación diurna, reservando el recurso hídrico para la demanda nocturna y protegiendo así el bolsillo de la población.

La crisis también impacta de lleno en los hogares. Ante un corte de transmisión, el sistema se ve obligado a limitar el suministro a ciudades importantes para estabilizar la carga en la línea a Tocache y Tarapoto. Aunque la automatización mitiga la duración del corte, las caídas de tensión bruscas dañan severamente los electrodomésticos y queman las bobinas de los equipos. Lo más grave ocurre cuando las familias intentan reclamar una compensación ante empresas distribuidoras como Electro Oriente: al no contar las viviendas con sistemas de puesta a tierra o mitigación de sobrecorrientes exigidos en la Ley de Concesiones Eléctricas – debido a sus elevados costos -, la respuesta institucional deslinda de responsabilidad al Estado, obligando a los usuarios a cubrir las reparaciones o compras con sus propios recursos.

Frente a esta coyuntura, gremios profesionales como el Colegio de Ingenieros de San Martín – Tarapoto – y la Cámara de Comercio Turismo y Producción de Tarapoto han intentado impulsar un debate sobre el problema, aunque existe la preocupación de que se aborde con un enfoque coyuntural o político más que con soluciones estrictamente técnicas. La solución real no puede esperar los plazos ordinarios del plan de transmisión, que demoran entre8 y 10 años.

Resulta urgente declarar la infraestructura en emergencia para viabilizar inversiones públicas y privadas a corto plazo que estabilicen el flujo eléctrico, mejoren la generación local y garanticen una tarifa justa y segura para la Amazonía.

La energía eléctrica no es un lujo, es el motor indispensable para el desarrollo regional y la calidad de vida de las familias; postergar las inversiones técnicas urgentes bajo el cálculo político no solo encarece la vida diaria, sino que condena a la población a asumir con sus propios recursos las consecuencias del abandono estatal.