“Tenemos que hacernos escuchar ahora que estamos sentados frente al Ejecutivo. En diez días entregarán el plan de inversiones para San Martín. La última gran obra en la Amazonía fue hace 60 años: la carretera Fernando Belaunde.”

Tras la reunión sostenida entre las cámaras de comercio de la Amazonía y el presidente Rafael Jerí, la presidenta de la Cámara de Comercio, Turismo y Producción de San Martín, Ericka Sandy Salazar, advierte que el encuentro —convocado por la Presidencia de la República, el Gabinete Ministerial y varios viceministerios, a pedido de la Mancomunidad Amazónica— dejó expuesta una brecha histórica: el incumplimiento sistemático de la Ley de Promoción de la Amazonía. Según la lideresa empresarial, el Estado no ha cumplido ni siquiera con el 10% de inversión comprometida para la región. “La última inversión de verdadero impacto se hizo hace 60 años, con la construcción de la carretera Marginal de la Selva. Desde entonces, nada de esa magnitud”, alerta.

Sandy detalla que, tras el reclamo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) convocó al sector privado para revisar el gasto público y entregar —en diez días— un consolidado de inversiones por cada región amazónica. Sin embargo, al justificar sus retrasos señalando que los gobiernos regionales “no ejecutan”, las autoridades abrieron la puerta a un planteamiento que la empresaria defiende con firmeza: involucrar plenamente al sector privado mediante Obras por Impuestos (OxI) y otros mecanismos que permitan cerrar brechas donde el Estado no tiene capacidad. “Si los gobiernos regionales no pueden gestionar, entonces dejemos que el sector privado haga las obras: más rápido y mejor”, sostiene.

Pero un punto crítico emergió durante la reunión: la crisis energética en San Martín. Según Sandy, mientras el MEF aseguraba tener “todo controlado”, la realidad es otra. “Le dije al funcionario: ‘Le traigo a una madre de familia, a un emprendedor, para que le cuente cuál es el verdadero problema del sistema energético. Si no se soluciona, esta región se va a levantar’”, afirma.

La presidenta advierte sobre las limitaciones del servicio eléctrico, que —pese a su nivel de facturación— no han permitido concretar inversiones significativas, y menciona además las deudas arrastradas con Electro Ucayali, así como los permisos trabados a empresas interesadas en desarrollar hidroeléctricas. Por ello exige que San Martín se siente “sí o sí” con FONAFE y el Ministerio de Energía y Minas, y que se transparente cómo y cuándo se agilizarán las soluciones. “Recién el 3 de diciembre de 2025, el diario El Peruano publicó que estamos en crisis energética. Nosotros lo venimos diciendo desde hace dos o tres años”, remarca. Pero advierte: declarar la emergencia no es una solución. “La emergencia solo compra tiempo: alquilas generadores, quemas más combustibles, nada más. No resuelve el problema estructural”.

A esta situación se suma otro golpe: la crisis de conectividad aérea. Sandy denuncia que, si la sociedad civil no “levanta la voz”, en Lima nadie atiende los problemas de la Amazonía. Y atribuye la grave postergación del proyecto de modernización del aeropuerto de Tarapoto al vacío absoluto de liderazgo regional. “¿Has visto algún comunicado oficial exigiendo soluciones energéticas? Nada. ¿Y quién consiguió el presupuesto para el cambio de equipos del aeropuerto de Tarapoto? La Cámara de Comercio y el Colegio de Ingenieros”, reclama.

El proyecto que debía firmarse este año fue aplazado al primer trimestre de 2026, retrasando su ejecución que ya tenía como fecha estimada 2027. Peor aún, el perfil actualizado —elaborado el 2 de septiembre de 2024— fija la culminación del perfil para el cuarto trimestre de 2028 y su aprobación recién para el segundo trimestre de 2029. “Cuatro o cinco años solo para ver un perfil. De ahí viene la licitación, luego la construcción. ¿Estamos hablando de 2035 para la modernización de un aeropuerto concesionado que hoy opera 17 vuelos diarios? Es una negligencia que pone en riesgo la seguridad de miles de pasajeros”, advierte. Y apunta con nombre propio a los responsables: el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la Dirección General de Aeronáutica Civil y CORPAC. “Son parte del mismo holding de FONAFE. A manera de amonestación, Sandy Salazar advierte: ‘Yo quisiera que tomen un vuelo y les digamos: “Por si acaso, uno de los equipos podría apagarse”. ¿A ver qué hacen?’”.

La problemática no solo alcanza a Tarapoto: también abarca los aeropuertos de Juanjuí, Rioja y el proyecto del aeródromo de Tocache, que siguen sin cronogramas claros ni decisiones firmes. “Esto desnuda el abandono estructural del Estado hacia la Amazonía. No somos la chacra de Lima ni el patio trasero de los gobiernos. La inversión más grande que hemos visto ocurrió hace seis décadas. No podemos seguir así”.

En diez días, el Ejecutivo presentará el plan de inversiones para San Martín. Para Sandy, es ahora o nunca para hacerse escuchar.