La sentencia marca un precedente en la lucha contra la corrupción municipal y recuerda que el uso indebido del poder público, tarde o temprano, tiene consecuencias.

En Juanjuí, la justicia alcanzó a quienes utilizaron el cargo público para vulnerar la ley. La Fiscalía Anticorrupción de Juanjuí logró que se condene al exalcalde de la Municipalidad Distrital de Pachiza, Rosember Hildebrandt, y al exgerente municipal Jhimmy López, por simular una donación de maquinaria pesada con el fin de eludir la Ley de Contrataciones del Estado, ocasionando un perjuicio económico al Estado superior a los S/230,000.

Los hechos se remontan a marzo de 2016, cuando los sentenciados concretaron la adquisición de un volquete y una retroexcavadora que fueron presentados como nuevos y supuestamente donados mediante un convenio de cooperación interinstitucional. Sin embargo, conforme a lo demostrado en juicio por el fiscal provincial anticorrupción César Peláez Vega, dicha operación fue utilizada como un mecanismo irregular para evitar los procedimientos legales de contratación pública.

Para materializar esta falsa donación, la municipalidad efectuó pagos directos a un tercero bajo el concepto de contrapartida, argumentando que correspondían a gastos de transporte, impuestos y otros costos vinculados a una presunta importación. La investigación del Ministerio Públicoacreditó que esta información era falsa, ya que la maquinaria no provenía del extranjero, se encontraba en el país al momento de la compra y, además, era usada, presentando una de ellas deficiencias mecánicas que obligaron a asumir elevados gastos de reparación.

Estos actos configuraron el delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, por lo que el Juzgado Penal Unipersonal Permanente de Juanjuí impuso a ambos exfuncionarios una condena de cuatro años y ocho meses de pena privativa de la libertad efectiva, así como el pago de S/430,300 por concepto de reparación civil a favor del Estado.

La sentencia es de ejecución inmediata, motivo por el cual se dispuso la ubicación, captura e internamiento de los condenados en un establecimiento penitenciario, aun cuando el proceso continúe en instancias superiores. El fallo reafirma que la corrupción no queda impune y que, cuando la justicia llega, alcanza incluso a quienes creyeron estar por encima de la ley.