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Cuatro regidores exigen derogatoria de ordenanza por afectar Ricuricocha

El documento lleva la firma de Gilber Escudero, Blanca Gómez, Xiomi Dávila y Juan Rocha, quienes advierten que la normativa viola leyes ambientales, poniendo en riesgo al ecosistema protegido

Cuatro regidores de la Municipalidad Provincial de San Martín han presentado un informe técnico-legal solicitando la nulidad o derogatoria de la Ordenanza Municipal Nº 022-2025-MPSM, que aprueba el marco normativo para el proyecto inmobiliario Prana Lagoons, ubicado cerca de la laguna Ricuricocha. Los ediles Gilber Escudero, Blanca Gómez, Xiomi Dávila y Juan José Rocha advierten que esta normativa viola leyes ambientales y de planificación urbana, y que su aplicación pone en riesgo un ecosistema declarado como protegido.

El informe (Carta Nº 016-2025-SR-MPSM), emitido por la oficina técnica de la municipalidad, señala que la ordenanza no cumple con normativas nacionales como la Ley Orgánica de Municipalidades (Nº 27972), la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible (Nº 31313) y la Ley General del Ambiente (Nº 28611). Además, se recuerda que el área del proyecto ha sido declarada “no urbanizable” en el Plan de Desarrollo Urbano de San Martín, condición que el proyecto ignora.

El documento también advierte que no se subsanaron observaciones técnicas ni ambientales, especialmente aquellas relacionadas con la protección de la laguna Ricuricocha, clasificada como Zona de Conservación y Recuperación de Ecosistemas (ZOCRE). Asimismo, se denuncia falta de transparencia, ya que no existen registros de consultas públicas ni informes finales que respalden la viabilidad del proyecto, como exige el Artículo 8 del D.S. 012-2022-VIVIENDA.

De seguir adelante, el proyecto Prana Lagoons podría degradar el ecosistema, violar normas de ordenamiento territorial y sentar un precedente peligroso al permitir que proyectos privados avancen en zonas ambientalmente restringidas. La municipalidad deberá evaluar la solicitud de derogatoria; sin embargo, el tema podría escalar a acciones legales si no se revisa la normativa. Mientras tanto, colectivos ambientalistas ya anuncian movilizaciones para frenar el proyecto.

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