Cada río, valle y cuenca posee una historia ecológica, social y productiva distinta. Comprender esa diversidad es el punto de partida para un verdadero ordenamiento territorial que garantice desarrollo, conservación y bienestar para las futuras generaciones.
La discusión sobre el futuro del territorio amazónico no puede seguir reduciéndose a mapas, decretos o proyectos aislados. La realidad de cada cuenca exige una mirada propia, construida desde la geografía, la cultura y la historia de quienes la habitan. Esa fue una de las principales reflexiones planteadas por el exministro de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre, quien advirtió que no existe un modelo único para intervenir el territorio, porque cada cuenca responde a dinámicas ecológicas y sociales diferentes. «No hay un solo documento que diga cómo es la intervención en cada cuenca, porque cada una se va a comportar de una manera distinta, por la ecología, por la montaña y por la población y la cultura e historia que tienen», sostuvo el exministro.
Esa afirmación adquiere especial relevancia en la región San Martín, donde convergen algunos de los sistemas hidrográficos y valles más importantes de la Amazonía peruana. Las cuencas de los ríos Huallaga, Mayo, Saposoa, Sisa, Ponaza, Biavo, Abiseo, Tocache, Huayabamba, Cumbaza, Shilcayo, Mishquiyacu, Paranapura y Yanayacu, entre otras, conforman un complejo entramado ambiental que sostiene la producción agrícola, el abastecimiento de agua, la biodiversidad y la vida de cientos de comunidades rurales y pueblos indígenas. A ellas se suman valles estratégicos como el Alto Mayo, Bajo Mayo, Huallaga Central, Valle del Biavo, Valle del Sisa, Valle del Ponaza, Valle del Saposoa y Valle del Alto Huallaga, espacios donde convergen agricultura, conservación y expansión urbana.
Precisamente esa diversidad explica la importancia de desarrollar las Zonas Económicas Ecológicas (ZEE) y el Ordenamiento Territorial (OT) como instrumentos técnicos para definir el uso más adecuado del suelo. La ZEE permite identificar las potencialidades y limitaciones del territorio mediante criterios físicos, biológicos, económicos y sociales, mientras que el Ordenamiento Territorial busca armonizar las actividades productivas con la conservación de los ecosistemas, reduciendo conflictos por el uso de la tierra y promoviendo un desarrollo sostenible.
En una región donde la presión sobre los bosques continúa creciendo debido a la expansión agrícola, la apertura de carreteras, la ocupación informal de tierras y los efectos del cambio climático, las decisiones no pueden tomarse únicamente desde un escritorio. Cada intervención requiere comprender cómo funcionan las cuencas, cómo circula el agua, qué servicios ecosistémicos brindan y cuáles son las necesidades de la población que depende directamente de ellas.
En ese proceso, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) cumple un papel fundamental impulsando políticas para el desarrollo agrario sostenible, la gestión integral de recursos hídricos, la seguridad alimentaria, la infraestructura de riego y el fortalecimiento de la agricultura familiar. Asimismo, promueve programas orientados a mejorar la productividad sin comprometer la conservación de los recursos naturales.
Por su parte, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) tiene la responsabilidad de administrar los recursos hídricos del país mediante la gestión integrada por cuencas, otorgar derechos de uso del agua, supervisar su aprovechamiento, proteger las fuentes hídricas y coordinar los Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca para garantizar un uso sostenible del recurso más valioso del territorio.
El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) aporta el conocimiento científico indispensable para comprender las características geológicas del país, elaborar mapas especializados, identificar zonas de riesgo por movimientos en masa, erosión o deslizamientos, además de proporcionar información técnica que sirve de base para la Zonificación Ecológica y Económica y los procesos de planificación territorial.
A ello se suma la responsabilidad de los Gobiernos Regionales, encargados de conducir los procesos de Zonificación Ecológica y Económica, formular los instrumentos de Ordenamiento Territorial, articular políticas con los gobiernos locales, promover inversiones compatibles con la vocación del territorio y garantizar la participación de la población en las decisiones sobre el desarrollo regional.
En San Martín, donde la economía depende en gran medida del café, cacao, arroz, palma aceitera, maíz, ganadería, turismo y conservación de bosques, el ordenamiento territorial representa mucho más que una herramienta técnica. Es la posibilidad de prevenir conflictos sociales, reducir la deforestación, proteger las cabeceras de cuenca, asegurar el abastecimiento de agua para las ciudades y fortalecer un modelo de desarrollo compatible con la riqueza biológica de la Amazonía.
Las palabras de Andrés Alencastre recuerdan que cada cuenca tiene personalidad propia y que ninguna decisión puede copiarse de otra realidad. El verdadero desafío consiste en reconocer esa diversidad para construir políticas públicas que respeten la naturaleza del territorio y las aspiraciones de quienes viven en él. Solo así las Zonas Económicas Ecológicas, el Ordenamiento Territorial y la gestión integrada de las cuencas dejarán de ser documentos técnicos para convertirse en instrumentos capaces de asegurar un futuro sostenible para San Martín y para toda la Amazonía peruana.
