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Cuestionamiento ordenanza que avala proyecto inmobiliario en Ricuricocha, ¿Qué esconden? ¿A qué se aferran?

Ciudadanos solicitan la nulidad de la Ordenanza Municipal N° 022-2025 por presuntas irregularidades y falta de participación ciudadana en un proyecto que amenaza el ecosistema local.

La Municipalidad Provincial de San Martín, con sede en Tarapoto, recibió una nueva solicitud de nulidad de pleno derecho contra la Ordenanza Municipal N° 022-2025-MPSM, que aprobó el Plan Específico para el proyecto inmobiliario “Condominio Prana Lagoons” en el sector Ricuricocha. La medida fue presentada por el ciudadano Iván Rojas García, quien advierte graves vulneraciones al marco normativo ambiental y urbanístico.

Según el expediente N° 14903, la ordenanza presenta vicios insubsanables en el procedimiento de aprobación, como la inexistencia de un trámite válido de dispensa en la sesión de concejo, lo que podría configurar incluso el delito de falsedad ideológica en documento público.

Otro punto central de la demanda es la omisión del procedimiento de Audiencia Pública, requisito obligatorio en planes de acondicionamiento territorial. La normativa vigente (D.S. N° 012-2022-VIVIENDA) establece que se debe garantizar la participación ciudadana efectiva, incluyendo a comunidades indígenas, actores sociales, autoridades regionales y sectores involucrados.

“Un proyecto de esta magnitud no puede imponerse sin transparencia ni consulta previa. Estamos ante una vulneración al debido proceso y a las normas de sostenibilidad urbana”, sostuvo Rojas García en su escrito.

Asimismo, el solicitante pidió la nulidad de todos los certificados de zonificación y vías que se hayan emitido en base a la cuestionada ordenanza, pues serían actos administrativos contrarios al ordenamiento jurídico.

El caso se complica porque, a pesar de haberse presentado la primera solicitud el 15 de agosto de 2025, hasta la fecha no se ha emitido resolución ni notificación formal. Una segunda ampliación de la nulidad, presentada el 5 de septiembre, fue registrada como expediente independiente (N° 16379), por lo que también se solicitó su acumulación e impulso procesal.

La ciudadanía y colectivos ambientales de San Martín han manifestado preocupación, ya que Ricuricocha es un espacio de alto valor ecológico y la aprobación de proyectos inmobiliarios sin los debidos estudios y consultas podría generar un impacto irreversible en los recursos naturales.

La pelota ahora está en la cancha del Concejo Municipal de Tarapoto, que deberá evaluar en sesión extraordinaria si procede la nulidad de la ordenanza.

Debatir para avanzar:  Sostenibilidad versus destrucción ambiental

Ecoguerreros exigen transparencia y participación ciudadana ante la ordenanza 022-2025, cuestionando su impacto en la laguna de Ricuricocha y otras lagunas. La alcaldesa Lluni Perea Pinedo y la municipalidad deben enfrentar un debate público y definir prioridades entre sostenibilidad y destrucción ambiental.

Desafío por Ricuricocha y la sostenibilidad: Ecoguerreros invitan a un debate público a la alcaldesa, regidores y funcionarios de la municipalidad provincial de San Martín. La falta de atención nos lleva a cuestionar la transparencia y el compromiso de la gestión actual con el bienestar de la comunidad y la protección del medio ambiente.

Debate público sobre la ordenanza de ciudapolis: proponemos un debate abierto y transparente sobre la ordenanza 022-2025, que afecta la laguna de Ricuricocha y otras lagunas de la provincia. Sostenibilidad vs. destrucción ambiental: este reto busca dejar en claro las prioridades de la Municipalidad Provincial de San Martín, representada por la alcaldesa Lluni Perea Pinedo, sus funcionarios y regidores.

Esperamos que la municipalidad provincial de San Martín tenga el valor de enfrentar este debate y demuestre su compromiso con la protección del medio ambiente. La comunidad tiene derecho a saber cómo se gestionan sus recursos y a participar en las decisiones que afectan su entorno. “Un buen gobierno solamente puede existir cuando hay buenos ciudadanos.” ¿Están listos para defender sus políticas y decisiones ante la comunidad? El debate está propuesto, sentencia Iván Rojas.

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