En una entrevista entrevista con Voces, sobre el recorrido río arriba del Ahuashiyacu el Eco Guerrero expuso sobre los vertimientos contaminantes en La Banda de Shilcayo, el impacto sobre la fauna y los ríos de la cuenca del Río Cumbaza, y la urgencia de frenar los peligros sanitarios antes de que lleguen a la mesa de los ciudadanos.
A raíz de una denuncia vecinal sobre la contaminación de los ríos – con especial alerta en el río Ahuashiyacu -, Iván Rojas relató que acudió al sector La Unión y Bello Horizonte, tras caminar cerca de 7 kilómetrosrío arriba ubicó el punto de descarga contaminante.

Durante su recorrido describió la presencia de aparentemente un criadero de cerdos, advirtió cómo el agua cambia de coloración hacia tonos marrones y oscuros frente a tramos de apariencia normal, y señaló la existencia de desechos asociados a cerdos y ganado vacuno y vertimientos de color blanquecino con olor a leche agria que salen por una tubería sin ser una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), además de observar peces muertos, incluidos ejemplares de mayor tamaño. Frente a este panorama, Iván Rojas exigió una intervención urgente de entidades como la Autoridad Nacional del Agua (ANA), la Autoridad Local del Agua (ALA) y la Autoridad Regional Ambiental (ARA), así como la declaratoria en emergencia de los ríos para frenar estos vertimientos.
Al profundizar en lo ocurrido y en las acciones emprendidas, Iván Rojas explicó que la situación de las microcuencas y del río Cumbazaresulta preocupante y que, tras acudir al lugar junto a representantes de laAutoridad Local del Agua (ALA)y de la Municipalidad Distrital de La Banda de Shilcayo (a través de su área de fiscalización o sustentación), se verificaron dos fuentes de contaminación con caudales medidos en 0,16 litros por segundo en un punto y 0,56 litros por segundo en otro, presuntamente vinculadas a unidades productivas formales que carecerían de sistemas adecuados de tratamiento, reciclaje o manejo ambiental.

Precisó que el tramo afectado se ubica en la zona paralela a la carretera hacia La Unión y Bello Horizonte, desde el sector de la Facultad de Medicina Veterinaria o Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de San Martín (UNSM) y Puerto Palmeras, pasando por detrás del puente hacia arriba hasta aproximadamente el fundo California, en un recorrido de alrededor de 7 a 8 kilómetros, sin descartar que la afectación continúe río abajo.
Consultado sobre las medidas posteriores a la constatación oficial, Rojas detalló que las autoridades levantaron el acta, emitieron una notificación de llamada de atención con una multa menor y otorgaron un plazo de 30 días hábiles para que se implementen las medidas correctivas conforme a la normativa; no obstante, advirtió que, al tratarse de una tubería de vertimiento directo, el hecho constituye un delito ambiental que será comunicado a laFiscalíamediante un informe para las acciones penales pertinentes, sin perjuicio de la sanción y la adecuación técnica. Asimismo, puso énfasis en los riesgos y peligros contra la salud pública derivados del consumo de peces contaminados – como tilapias – que podrían extraerse y comercializarse en Tarapotosin control de procedencia, así como delcontacto o ingesta de agua contaminada por parte de vecinos y animales de corral (gallinas, pollos o cerdos) que acuden a beber a la zona, señalando que se acordó con los pobladores y responsables de piscigranjas no comercializar especies afectadas, mientras una bióloga de la ALA asumió labores de capacitación y toma de muestras de agua en las piscigranjas del sector.

Muestreos directos en los mercados
Iván Rojas consideró que es una medida necesaria por prevención y seguridad sanitaria, ya que existen reportes y denuncias de otros puntos vinculados al río Cumbaza y a la pesca en zonas contaminadas, por lo que planteó que el sector Salud y la Fiscalía actúen de manera preventiva – de forma similar a las acciones de control en panteones -, sobre todo durante la temporada de estiaje, cuando el menor caudal concentra los desagües y olores fétidos en los ríos. Rojas aclaró que esta exigencia no busca perjudicar a los comerciantes de los mercados ni satanizar a las empresas productivas, sino exigir responsabilidad ambiental para que las actividades económicas no pongan en peligro los ríos ni la salud de la ciudadanía.
Defender nuestros ríos frente a los vertimientos contaminantes y vigilar lo que llega a los mercados no es una opción secundaria ni un freno al trabajo: es el acto más elemental de justicia y supervivencia colectiva, porque cuando se envenena el agua y se descuida el control sanitario, el daño recae de inmediato sobre la salud, el sustento y el futuro de toda la comunidad.


