Por: Beto Cabrera Marina
¿Cómo entender?¿Quién o quiénes pueden explicar tamaña contradicción?
Mientras desde el Estado se promueven discursos de protección ambiental, nuevas concesiones mineras aparecen inscritas silenciosamente en registros oficiales. La resolución “Victoria Mar” vuelve a exponer una preocupante incoherencia: se promete conservar el bosque, pero se habilitan decisiones administrativas que lo ponen en riesgo.
La región San Martín enfrenta un nuevo episodio de tensiones políticas y ambientales tras conocerse la Resolución de Concesión Minera “Victoria Mar”, emitida por el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) y registrada en plataformas oficiales. El documento ha encendido una fuerte polémica entre organizaciones sociales, autoridades locales y defensores ambientales, al evidenciar —una vez más— la distancia entre los discursos de conservación y las decisiones que facilitan nuevas actividades extractivas.
El Gobierno Regional de San Martín (GRSM) y los alcaldes de las 10 provincias y 78 distritos, así como precandidatos y candidatos con aspiraciones regionales, deberían pronunciarse y exigir la suspensión temporal de nuevas concesiones mineras, mientras no exista un ordenamiento territorial claro ni una evaluación integral de riesgos ambientales y sociales.
Uno de los puntos más controvertidos es la situación del ingeniero José Enrique Celis Escudero, quien se desempeñaba como director regional de Energía y Minas. Se afirma que habría sido retirado del cargo por firmar documentación vinculada a esta concesión; sin embargo, no existe confirmación oficial, lo que incrementa la incertidumbre y alimenta la percepción de que la cuerda se rompe por el lado más delgado.
Los datos del expediente oficial de la concesión “Victoria Mar” detallan las coordenadas UTM del área otorgada, los alcances del derecho minero, la base legal y las obligaciones del titular. La concesión aparece registrada con el código 72-00019-24, en el distrito de Shunte (Tocache), una zona donde rondas campesinas y organizaciones locales han denunciado reiteradamente presencia de minería ilegal, tráfico de tierras y presiones territoriales.
Este escenario no es nuevo. En los últimos años, San Martín ha visto un incremento sostenido de concesiones mineras, según registros del padrón minero nacional. A pesar de ello, continúan los discursos oficiales sobre lucha contra la deforestación y protección de ecosistemas estratégicos, generando una contradicción cada vez más evidente.
Los informes ambientales recientes muestran que la región ha perdido miles de hectáreas de bosques primarios entre 2018 y 2024, impulsada por actividades ilegales, expansión agropecuaria y minería en zonas sensibles. Frente a este contexto, colectivos, comunidades y especialistas advierten que seguir otorgando concesiones sin planificación estratégica expone al territorio a mayores riesgos.
La preocupación ciudadana aumenta. Las rondas campesinas de Tocache, organizaciones ambientales, colectivos ciudadanos, investigadores y defensores de derechos humanos han alertado sobre la expansión acelerada de la minería —legal, informal e ilegal— en áreas donde la gobernanza ambiental es débil. Aunque una concesión no autoriza automáticamente operaciones extractivas, sí abre la puerta al ingreso de maquinaria, operadores e intermediarios, generando presión sobre ecosistemas frágiles, riberas de ríos y comunidades vulnerables.
Mientras esto ocurre, el Gobierno Regional mantiene un silencio que ha sido interpretado como falta de transparencia y ausencia de una política clara frente al avance del mapa minero. Para diversos sectores, este silencio constituye una responsabilidad política.
Los impactos ya son perceptibles: deforestación acelerada, apertura de trochas ilegales, contaminación de ríos por actividades clandestinas, tráfico de tierras, expansión de economías ilegales camufladas en operaciones formales y presión sobre comunidades campesinas y ribereñas.
San Martín atraviesa un momento crítico: cada concesión nueva, cada silencio institucional y cada contradicción entre discurso y acción empujan a la región hacia escenarios potencialmente irreversibles. La Amazonía sanmartinense —una de las más biodiversas del país— se encuentra en el centro de esta disputa entre conservación, intereses económicos y falta de gobernanza.
El llamado ciudadano es claro: transparencia, ordenamiento territorial, participación comunitaria, supervisión estricta y coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Porque no se puede defender el bosque durante el día, mientras por la noche avanzan decisiones que lo ponen en peligro.
