El pasado sábado 27 de enero en la comunidad Shilcayo, distrito Chazuta, se reunieron cinco organizaciones para tomar acuerdos en relación a la defensa del territorio kichwa frente a las medidas de conservación del Parque Nacional Cordillera Azul.
El Consejo Étnico de los Pueblos Kichwa de la Amazonia (CEPKA) y sus bases Puerto Franco y Mushuck Belén; la Federación de Pueblos Indígenas Kechwa Chazuta Amazonia (FEPIKECHA) y sus bases Canayo, Siyambayok pampa, Uucanayaku, Pongo del Huallaga, Rebalse Chazuta y Túpac Amaru; la Federación de Pueblos Indígenas Kechwas del Bajo Huallaga San Martín (FEPIKBHSAM) y sus bases Callanayaku, Ricardo Palma, Shilcayo, Tununtunumba y Chipeza; la organización regional Coordinadora de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la Región San Martín (CODEPISAM); y la Asociación lnterétnica de Desarrollo de la Amazonia Peruana (AIDESEP).
Son 10 los puntos que han incluido en esta declaración:
- Renovamos nuestro compromiso en construir juntos y juntas nuestra autonomía y autodeterminación como pueblo kichwa, especialmente en la lucha por recuperar nuestros territorios despojados por un modelo de conservación colonial y excluyente que nos invisibiliza en el país.
- Reafirmamos nuestra decisión, en base a nuestro derecho a la autodeterminación, reconocido nacional e internacionalmente, de avanzar nuestra auto demarcación territorial dentro del Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ) y del Área de Conservación Regional Cordillera Escalera (ACR-CE), generando nuestros polígonos territoriales ancestrales. Ya les dimos al Estado varias oportunidades de resarcirse históricamente, pero no respetaron ni sus acuerdos de la Mesa Técnica del Parque.
- Seguiremos exigiendo al Estado, especialmente a DRASAM, SERNANP, ACR-CE, cumplir la RM 136-2022-MIDAGRI, que permite nuestra demarcación de territorios comunales dentro de Áreas Naturales Protegidas (ANPs).
- A los compradores de créditos de carbono del PNCAZ les seguiremos exigiendo que asuman sus responsabilidades por haber invertido en un Parque que nos despojó nuestros territorios. Especialmente, a aquellas empresas como Total Energies, Shell, BHP, y otros, que son empresas contaminantes en el mundo y que buscan limpiar su imagen a costa de nuestros bosques.
- Reclamamos al Ministerio del Ambiente que de una vez fiscalice y regule el comercio de créditos de carbono que se ha beneficiado a costa de nuestro territorio y apruebe las salvaguardas necesarias para nuestra protección. Y que se reconozca nuestro derecho de pueblo indígena de beneficiarse de las actividades de conservación ambiental en su territorio, tal como lo reconoce el Convenio 169 y la jurisprudencia de la Corte IDH.
- Rechazamos que el CIMA y el SERNANP sigan intentando dividir a nuestras comunidades del movimiento indígena estructurado, ofreciendo migajas y políticas sucias, difundiendo envenenamiento social y generando organizaciones dentro de nuestras comunidades para implementar sus proyectos y así, querer mostrar que escuchan nuestros reclamos y respetan nuestros derechos.
- Rechazamos las campañas de estigmatización, criminalización y difamación contra las y los dirigentes que vienen defendiendo el territorio kichwa.
- Condenamos la larga demora de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) que, a más de dos años y medio de nuestra alerta presentada por premiar al PNCAZ en su Lista Verde internacional, no han tenido la valentía de darnos una respuesta clara si le retiran o no el premio que le dieron al Parque.
- No reconocemos al Comité de Gestión del PNCAZ y del ACR-CE como espacios de participación plena y efectiva, así como de rendición de cuentas de las gestiones de estas áreas. E insistimos en la necesidad de pensar y diseñar otros modelos de gestión y participación con los pueblos indígenas. Y exigimos la consulta previa de los Planes Maestros de dichas áreas.
- Por último, nos solidarizamos con otros pueblos indígenas en el Perú y el mundo que se encuentran en lucha contra un sistema injusto de Áreas Naturales Protegidas basado en la exclusión de vidas y memorias, que sigue afectando sus derechos.