El Gobierno declaró el estado de emergencia en diversas localidades del país, entre ellas los departamentos de Cusco, Lima y Puno, y en la provincia constitucional del Callao. Su aplicación se inició ayer 15 de enero, y se prolongará durante los siguientes 30 días calendario.
La declaración del estado de emergencia abarca también la provincia de Andahuaylas, en el departamento de Apurímac; así como a las provincias de Tambopata y Tahuamanu, en Madre de Dios.
Incluidas también en el estado de emergencia figuran las carreteras Panamericana Sur, Panamericana Norte, Central, el Corredor Vial Sur Apurímac-Cusco-Arequipa y el Corredor Vial Interoceánica Sur.
Además, se declara la inmovilización social obligatoria durante diez días en el departamento de Puno desde las 8:00 p. m. a las 4:00 a.m.
El decreto supremo señala que quedan suspendidos los derechos constitucionales de la inviolabilidad de domicilio y las libertades de tránsito por el territorio nacional, reunión y libertad y seguridad personales.
Las protestas sociales, que se realizan en 11 regiones del país los ciudadanos piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, adelanto de elecciones generales a 2023 y la convocatoria de una asamblea constituyente, entre otras demandas.
En cuanto a la participación de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, se indica que esta se encuentra regulada por los decretos legislativos 1186 y 1095, referidos al uso de la fuerza por parte de dichas instituciones, respectivamente.
Argumentan estas disposiciones oficios emitidos por la Comandancia General de la Policía y la Oficina de Planeamiento Operativo del Comando de Asesoramiento General de esta institución, que recomiendan la declaratoria de emergencia en las jurisdicciones y en las vías mencionadas, debido a conflictos sociales “registrados a partir del 4 de enero”.
El decreto supremo lleva las firmas de la presidenta Dina Boluarte; el titular del Gabinete, Alberto Otárola; el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta; el ministro del Interior, Vicente Romero Fernández; y el ministro de Justicia, José Tello.
(Foto: ANDINA)
