“¿Vencer o no vencer a los corruptos?, he ahí el dilema.”
Sin lugar a dudas, lo que más le hace daño a nuestro país es la corrupción, porque este flagelo es como un pulpo que extiende sus tentáculos y puede llegar a cubrir todas las esferas de la sociedad, aun las que no son parte del Estado.
Pero este monstruo no es externo, es un fantasma que se extiende y apodera desde lo más interno de muchos peruanos, de aquellos carentes de valores, de los más débiles de carácter y formación.
Pero ¿es la corrupción el germen de los males peruanos o es consecuencia de una ineficaz política estatal que debería aspirar a formar ciudadanos de verdad desde temprana edad? En realidad considero que es lo uno y lo otro. Pues al estar casi generalizada (la corrupción), su causa es vista en ocasiones como efecto y en otras a la inversa. La corrupción se ha convertido en un tránsito cruzado de variables que la hacen complicada de atacar y difícil de vencer.
Es por ello que no podemos ser frente a ella benevolentes. Debemos más bien atacarla y extirparla por completo, principalmente del aparato estatal.
En razón a ello mi principal crítica al Decreto Legislativo N° 1243, de la cual se desprende la llamada “muerte civil” para los funcionarios corruptos, gira en torno a lo condescendiente que es. Si se trata de extirpar realmente a los corruptos que tanto daño hacen al aparato estatal y en general a la sociedad, la muerte civil debe ser realmente muerte, es decir la INHABILITACIÓN DE POR VIDA para todo aquél que ha sido sentenciado por corrupción sin distinciones, de lo contrario seguiremos siendo timoratos al inhabilitarlos por 5, por 10 o 20 años. En otras palabras los estamos empujando al descanso de sus actividades dentro de la esfera estatal (pueden seguir laborando en lo privado) con la esperanza de retornar algún momento.
Sobre la base del Decreto Legislativo en cuestión, no comparto lo tolerante que El Estado seguirá siendo frente a la corrupción. Esto me lleva a recordar que existen países sobre todo en medio oriente, como Irán por ejemplo, en donde la pena de muerte es la sanción más drástica y ejemplar para los corruptos. En nuestra realidad, esa posibilidad ni siquiera es materia de discusión dentro de los fueros oficiales y me parece acertado, pero de ahí a pretender hacernos creer que la hoy llamada muerte civil eliminará sistemáticamente la presencia de los corruptos del aparato estatal, es sencillamente una falacia, porque en el fondo sólo los alejaremos por un determinado tiempo.
En países como el nuestro, en donde se pierde anualmente cerca de 10 mil millones de soles a causa de la corrupción (según la Contraloría), el reproche debe ser doble, no sólo por el hecho de negociar o lucrar con el tesoro público, sino porque en función a la ausencia de ese dinero se dejan de construir más centros de salud, más carreteras, mejores colegios, incremento de suelos, etc. Es en definitiva una auténtica traición a la patria.
Pero esa ventana entre abierta que deja a los corruptos el Decreto Legislativo N° 1243 podría cerrarse firmemente si es que los Fiscales y Jueces del Perú, ponen su cuota en la lucha contra la corrupción y aplican la pena más alta de inhabilitación (el espacio punitivo de inhabilitación se extiende de 5 a 20 años actualmente), y en el caso de inhabilitación perpetua cerrar las puertas por completo a los pedidos de revisión que contempla el cuestionado D.L. Salvo mejor interpretación.