Conflicto de intereses y ética pública en un caso emblemático de derechos humanos
La defensa por la vida es más que un valor ético y moral: es un mandato jurídico que exige coherencia, transparencia y responsabilidad del Estado y de quienes ejercen función pública.
Una grave alerta institucional ha sido puesta en conocimiento del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, en el marco del proceso penal por homicidio calificado e intento de homicidio en agravio del Apu Quinto Inuma Alvarado, defensor indígena y ambiental asesinado el 29 de noviembre de 2023. Dos documentos formales – una comunicación judicial y una carta institucional – advierten sobre una presunta incompatibilidad legal y ejercicio irregular de la defensa técnica por parte del abogado Erick Harold Arévalo Santaya, quien simultáneamente ejerce un alto cargo público en el Gobierno Regional de San Martín.
El escrito judicial presentado el 19 de enero de 2026 por los abogados Olga Cristina Del Rocío Gavancho León y Marco Antonio Sangama Cachay, representantes legales de Axeldina Barbarán Tapullima, comunica formalmente que el citado abogado, defensor del acusado Limber Ríos Ruiz, estaría ejerciendo el patrocinio de manera ilegal e incompatible con la función pública que desempeña como Director Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, cargo para el cual fue designado mediante Resolución Ejecutiva Regional N.º 014-2025-GRSM/GR, de fecha 14 de enero de 2025, bajo el régimen CAS – confianza, regulado por el Decreto Legislativo N.º 1057.
La preocupación se intensifica debido a que el proceso penal está directamente vinculado a la protección de personas defensoras de derechos humanos, contexto en el que el Estado peruano, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ha reconocido riesgos estructurales y ha promovido espacios como la Segunda Mesa Regional de San Martín para Personas Defensoras de Derechos Humanos, realizada el 28 de noviembre de 2025 en la ciudad de Tarapoto. En dicho evento, organizado con la participación del Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía Nacional y una comitiva oficial del Gobierno Regional de San Martín, el abogado cuestionado participó públicamente en su condición de funcionario regional, mientras -según se denuncia – continuaba ejerciendo la defensa privada de uno de los acusados por el asesinato del Apu.
Este hecho fue advertido por los deudos del líder indígena, entre ellos APU Manuel Inuma Alvarado (hermano del fallecido) y Kevin Arnold Inuma Mandruma (hijo del fallecido),así como por organizaciones indígenas articuladas en la coordinadora de desarrollo de los pueblos indígenas de la región San Martín (CODEPISAM) y federaciones como FECONAKID, FERISHAM, FEPIKRESAM, FEKIHD, FEPIKBHSAM, CEPKA y FEPIKECHA.
La presencia del funcionario en un espacio de articulación interinstitucional sensible, destinado a evaluar riesgos, medidas de protección y contextos de violencia, encendió las alertas sobre un posible conflicto de intereses.
Desde el punto de vista legal, los documentos invocan de manera expresa la LEY N.º 31564, Ley de prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio público, y su Reglamento Aprobado por Decreto Supremo N.º 082-2023-PCM. Esta norma es clara al incluir dentro de su ámbito a directores y Altos Funcionarios de Entidades Públicas, imponiéndoles deberes estrictos de reserva, confidencialidad y prohibición de uso de información privilegiada. El riesgo señalado no es hipotético: la información tratada en las Mesas de Defensores puede ser estratégica y sensible, y su eventual utilización indebida podría afectar la igualdad de armas procesales y la legitimidad del juicio.
A ello se suma la presunta vulneración de la Ley N.º 28175, Ley Marco del Empleo Público, cuyo Artículo 16, literal B) establece la obligación de dedicación exclusiva durante la jornada laboral, salvo excepciones taxativas. Según se detalla, diversas Audiencias de Control de Acusación y de Juicio Oral, programadas en 2025 y 2026, se realizaron dentro del horario laboral, sin que el abogado haya cesado en el patrocinio privado, llegando incluso a solicitar reprogramaciones por motivos personales, lo que —según los denunciantes— afecta el principio de celeridad procesal y expone al proceso a nulidades futuras.
Desde una perspectiva ética, los documentos subrayan que esta situación no solo compromete normas administrativas, sino principios esenciales como la probidad, transparencia e imparcialidad, pilares del ejercicio de la función pública y del debido proceso. En un caso emblemático como el asesinato de un Defensor de Derechos Humanos, cuya muerte ocurrió en un contexto de falta de implementación oportuna de medidas de protección estatal, cualquier sombra de incompatibilidad erosiona la confianza ciudadana y el deber reforzado del Estado de garantizar verdad, justicia y no repetición.
Por estas razones, se ha solicitado al órgano jurisdiccional que requiera el cese inmediato del patrocinio, otorgue un plazo razonable para la designación de un nuevo defensor, o, de ser necesario, disponga un defensor de oficio, además de evaluar la comunicación de estos hechos al Gobierno Regional de San Martín.
El objetivo declarado es salvaguardar la legalidad, validez y eficacia del proceso penal, evitando que una incompatibilidad funcional termine afectando un juicio que trasciende lo individual y se inscribe en la defensa colectiva del derecho a la vida.
En este escenario, el mensaje de fondo es claro: cuando se juzga la muerte de quien defendió la vida, el territorio y los derechos colectivos, la ética pública no es un accesorio, sino una exigencia ineludible. La defensa por la vida es más que un valor ético y moral; es un deber jurídico que interpela al Estado y a sus funcionarios a actuar con coherencia, responsabilidad y absoluto respeto por la justicia.
La vida se defiende con la verdad y la ley, ninguna investidura pública puede estar por encima de la justicia.
DATOS:
Genix Saboya confesó que Segundo Villalobos Guevara le habría ofrecido 5 mil soles para terminar con la vida de Inuma Alvarado.
El martes 30 de julio del 2024, personal policial de la Unidad Especializada de Homicidios de Lima capturó, en la región San Martín, al empresario maderero Segundo Villalobos Guevara, acusado de ser el autor intelectual de la muerte del líder kichwa Quinto Inuma, ocurrido el 29 de noviembre de 2023.
