Con la finalidad de garantizar que se cumpla el distanciamiento social, se evite aglomeraciones y situaciones que generen conflicto, ayer en horas de la noche se concretó una reunión de suma urgencia, por motivo de las movilizaciones que se vienen llevando a raíz de la vacancia del presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo.
La Defensoría del Pueblo de Tarapoto, en coordinación con el jefe de la XI Macro Región Policial San Martín – Amazonas, promovieron esta reunión, la misma que contó con la participación de dirigentes locales y provinciales a fin de buscar diálogo para evitar inconvenientes en las marchas de protesta y garantizar el orden público.
Santiago Tamay Silva, coordinador de la Defensoría del Pueblo de Tarapoto, señaló la importancia de la reunión, porque es necesario conocer las rutas, horarios y espacios a fin que la Policía Nacional garantice que todo se desarrolle con normalidad y evitar cualquier tipo de contingencia. “La protesta es un derecho, siempre y cuando sea pacífica y no se altere el orden público” manifestó.
El General PNP. Luis Fernando Reátegui Lazarte, invocó a los dirigentes que los manifestantes deben cumplir las medidas de bioseguridad y mantener el distanciamiento social para evitar la propagación del Covid – 19.
Por su parte la representante del Ministerio Público, Fiscal Gloria Torres, reiteró su rol de defensores de la legalidad. En la reunión estuvieron presentes Francisco Grandez Torres, presidente del Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo de San Martín, Leydi Caroline Rosales Gonzales, dirigente estudiantil; Roger Heredia Nuñez, presidente del Frente Cívico del distrito de Morales y la fiscal penal de turno de Tarapoto, abogada Gloria Torres.
El recorrido de la movilización del miércoles se realizó desde la Plaza Mayor, luego por los jirones Martínez de Compagñon, Augusto B. Leguía, Alfonso Ugarte, Orellana y Jiménez Pimentel y culminaron en el centro de Tarapoto, en el horario de 7:30 pm a 10:30 pm, considerando que a las 11 de la noche se inició la inmovilización social obligatoria por el estado de emergencia nacional, quienes no acataron lo establecido, fueron multados.