Ante declaraciones del procurador público de la región que cuestionara y negara la existencia de personas indígenas en la región. También se pidió a la Dirección Desconcentrada de Cultura capacitar a funcionarios de la región sobre la interculturalidad y diversidad cultural.
La Defensoría del Pueblo rechazó las declaraciones vertidas hace pocos días por el procurador público del gobernador regional de San Martín, Elidelgio Mori Trigoso, respecto a los usos y costumbres de los pueblos indígenas que habitan en esta región. En ese sentido, solicitó la intervención de la Dirección Desconcentrada de Cultura de San Martín para que situaciones como esta no vuelvan a repetirse.
En declaraciones a un medio radial, el funcionario negó la existencia de comunidades nativas o indígenas en la región, afirmando que las personas que antes eran indígenas ahora son criollas y viven en ciudades. Asimismo, que sus costumbres han desaparecido y que solo usan sus atuendos tradicionales en fiestas conmemorativas.
A través de un documento remitido a dicha autoridad, la jefa de la sede defensorial en San Martín, Janet Álvarez, precisó que en la región San Martín habitan 4 pueblos indígenas, como son los awajún, quechuas, shawi y yaminahua, que se organizan en un total de 231 comunidades y localidades indígenas. Afirmó también que dichas comunidades forman parte del conjunto de 55 pueblos indígenas reconocidos en todo el país, que agrupan a más de seis millones de personas que se autoidentifican como indígenas.
En el documento, la representante de la Defensoría del Pueblo precisó también que, por el contrario, a rechazar la presencia de grupos indígenas o hacer comentarios negativos hacia sus costumbres, es deber del Estado, a través de sus autoridades, garantizar el ejercicio de los derechos a la identidad cultural y étnica de las personas, así como el respeto a su dignidad.
A su vez, mediante un documento dirigido al titular de la Dirección Desconcentrada de Cultura de San Martín, Luis Alberto Vásquez Vásquez, la jefa de la sede defensorial requirió a dicha entidad capacitar a todas y todos los funcionarios de la región para que cumplan con brindar un trato adecuado y respetuoso a los miembros de los pueblos indígenas, evitando así incurrir en posibles tratos discriminatorios que puedan afectar su dignidad.
Finalmente, reiteramos que las autoridades nacionales, regionales y locales, tienen la obligación de conducir su accionar en el marco del respeto a los derechos humanos, al principio de igualdad y no discriminación y a la diversidad cultural que existe en nuestro país, con la finalidad de construir un Estado libre de racismo, igualitario y de respeto mutuo. La Defensoría del Pueblo continuará impulsando el pleno respeto de los derechos de toda la población.