Frente a las reiteradas restricciones a la libertad de prensa realizadas por las más altas autoridades del gobierno, la Defensoría del Pueblo expresa lo siguiente:
Establecer cercos policiales o de seguridad en actividades institucionales y de interés público, con la intención de evitar que los periodistas cumplan su labor de formular preguntas, constituye una restricción arbitraria a la libertad de prensa, así como la trasgresión de diversos estándares en materia de libertad de expresión.
En el informe defensorial “Supervisión al Poder Ejecutivo en relación con la libertad de prensa”, nuestra institución sostuvo que: “La imposibilidad de cubrir eventos públicos constituye un obstáculo a la labor periodística y conlleva a limitar la difusión de información sobre asuntos de interés público e impedir la construcción de una opinión pública libre e informada de la población”. En efecto, este comportamiento se encuentra reñido con nuestros valores democráticos y los pilares de un Estado Constitucional.
La Defensoría del Pueblo recuerda que los funcionarios de gobierno y del Estado en general están sometidos a permanente escrutinio público, por lo que no pueden direccionar, recortar ni menos aún acallar las preguntas que los periodistas les formulen. En este sentido, recordamos que es un estándar básico en materia de libertad de prensa, brindar protección especial a los medios de comunicación y periodistas para el cumplimento de su labor, minimizando todo tipo de restricciones.
Por lo antes expresado demandamos al gobierno, que estos actos sean corregidos inmediatamente y se elimine toda orden dirigida a impedir que los periodistas participen de las actividades oficiales y realicen preguntas, por más incómodas que pudieran resultar. Es importante recordar que todo funcionario público, y sobre todo aquellos que ostentan los más altos cargos en el Estado, deben tener una mayor tolerancia frente a aquellas expresiones que pudieran resultar críticas y/o molestas, que se propaguen con ocasión del ejercicio de la función pública.
La Defensoría del Pueblo se mantendrá vigilante frente a estos hechos y defenderá el adecuado ejercicio del derecho a la libertad de prensa a favor de todos los peruanos y peruanas.