La Defensoría del Pueblo reiteró la necesidad de que el Estado peruano cuente con una política pública articulada para atender debidamente las necesidades de la población de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (LGBTI), la misma que quedó evidenciada con su exclusión del Plan Nacional de Derechos Humanos.
Así lo señaló, en Tarapoto, Dante Ponce de León, representante de la Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad (e) de la Defensoría del Pueblo, durante la presentación de los resultados del Informe Defensorial Nº 175 “Derechos Humanos de las Personas LGBTI, necesidad de una política pública para la igualdad en el Perú”.
Ponce de León recordó que la población LGBTI está frecuentemente expuesta a atentados contra su vida e integridad. Entre los años 2012 al 2014, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio Público identificaron 38 muertes violentas de personas LGTBI, en tanto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reportó que, entre enero de 2013 y marzo de 2014, en nuestro país se registraron 17 asesinatos y 7 afectaciones a su integridad.
Además de las situaciones de violencia y discriminación, el informe N° 175 analiza los problemas que afectan el ejercicio de sus derechos a la identidad y la salud. Sobre lo primero, se analizan las dificultades que las personas LGTBI afrontan para que sus documentos de identidad reflejen su propia identidad, que debe ser reconocida y facilitada por el Estado.