Mientras el país mantiene altos precios de los minerales, el Perú enfrenta un deterioro de sus ahorros públicos, mayor presión de gasto y propuestas electorales que generan preocupación sobre la sostenibilidad fiscal y la estabilidad económica futura.

El próximo gobierno peruano recibirá unas cuentas fiscales marcadas por el desequilibrio. Aunque desde 2024 la recaudación tributaria viene creciendo impulsada por el aumento del precio de los minerales, el país aún mantiene una presión tributaria de apenas 15% del PBI, muy por debajo de economías vecinas como Chile, Argentina y Brasil, donde supera el 20% del PBI. Este escenario evidencia una estructura tributaria limitada, concentrada en un reducido grupo de contribuyentes que sostiene la mayor parte de los ingresos del Estado.

En el caso del impuesto a la renta empresarial, entre 2021 y 2026, apenas el 6% de los negocios tributó en el régimen general y aportó más del 90% de la recaudación por ese concepto. Algo similar ocurre con las rentas del trabajo: el 10% de personas con mayores ingresos concentra el 92% de los impuestos pagados por cuarta y quinta categoría. Frente a ello, especialistas advierten que el país necesita ampliar urgentemente la base tributaria antes que incrementar la presión sobre quienes ya sostienen el sistema fiscal.

Sin embargo, las principales fuerzas políticas en carrera electoral presentan propuestas cuestionadas por distintos analistas económicos. Fuerza Popular plantea la creación de Zonas Económicas Especiales (ZEE) con beneficios tributarios temporales y la exoneración del impuesto a la renta durante tres años para jóvenes emprendedores inscritos en el RUC. Por su parte, Juntos por el Perú (JPP) propone nuevos impuestos a las grandes fortunas y elevar en 20% las regalías mineras.

A ello se suma el creciente peso del gasto público. El rubro de remuneraciones estatales aumentó en 169% ajustado por inflación entre 2010 y 2026, y más de la mitad de ese incremento ocurrió desde 2023. Paralelamente, la inversión pública superó el 5% del PBI entre 2019 y 2025, ubicándose entre las más altas de la región. No obstante, este esfuerzo fiscal no se refleja plenamente en la percepción ciudadana: apenas 1 de cada 4 peruanos afirma sentirse satisfecho con la infraestructura pública existente.

Las propuestas de gasto de ambos partidos también generan preocupación. Según estimaciones de Videnza Instituto, el plan de gobierno de Fuerza Popular tendría un costo anual adicional de S/34 mil millones, mientras que el de Juntos por el Perú alcanzaría S/19 mil millones. Entre las medidas más debatidas figura la intención de fortalecer la participación de empresas estatales en sectores estratégicos como el gas y el petróleo.

Asimismo, propuestas como equiparar el salario de los docentes públicos a una UIT de S/5,500 en 2026 representarían una fuerte presión adicional sobre el presupuesto nacional. Los especialistas advierten que sin una reforma estructural que mejore la eficiencia del gasto, el incremento del presupuesto podría no traducirse en mejores servicios para la población.

La situación fiscal se vuelve más delicada debido al uso continuo de los ahorros públicos para financiar los déficits recientes. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) estima que estos ahorros cerrarán 2026 en apenas 6.5% del PBI, el nivel más bajo desde que existe registro. En solo cinco años, el país habría consumido más de 7% del PBI en reservas acumuladas durante el auge económico registrado entre 2006 y 2016, pese a que el cobre mantiene cotizaciones históricamente elevadas cercanas a US$4.4 por libra.

En ese contexto, diversos economistas consideran urgente fortalecer el Fondo de Estabilización Fiscal (FEF), cuya capacidad de respuesta se ha debilitado. Mientras en 2014 representaba 4.5% del PBI, al cierre de 2025 apenas alcanza el 0.9% del PBI, reduciendo el margen del Estado para enfrentar futuras crisis económicas o desastres externos.

Otro punto crítico es el deterioro institucional en la conducción económica. Entre 2021 y 2026, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Sunat acumularon 16 cambios de autoridades entre ministros y superintendentes, reflejando una alta inestabilidad en entidades clave para la gestión fiscal y tributaria. Paralelamente, el Consejo Fiscal advirtió que las leyes aprobadas por el Congreso con impacto presupuestal podrían más que triplicar el déficit fiscal proyectado hacia 2031.

En su columna titulada “Un Ejecutivo responsable”, el gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), Carlos Gallardo Torres, sostiene que el Ejecutivo tiene herramientas suficientes para recuperar la disciplina fiscal, pues controla el presupuesto, la estrategia de endeudamiento, la política tributaria y la observación de leyes con impacto económico. Según advierte, insistir en modelos basados en mayor intervención estatal o en elevar impuestos a sectores ya altamente gravados podría reproducir experiencias negativas vividas tanto en el Perú como en países vecinos como Bolivia.

El análisis concluye que el país necesita combinar crecimiento económico, disciplina fiscal y fortalecimiento institucional para recuperar sostenibilidad financiera. En medio de la segunda vuelta electoral, el debate económico aparece como uno de los desafíos más decisivos para el futuro del Perú. Fuente: IPE