Deforestación sin freno: San Martín entre las regiones más golpeadas y el Estado sigue ausente

Más del 60% del territorio nacional está cubierto de bosques, lo que ubica al Perú como el noveno país con mayor extensión forestal en el mundo. Sin embargo, la deforestación avanza sin freno. Entre el 2001 y el 2023 se han perdido más de 3 millones de hectáreas de bosques, un área equivalente a todo el departamento de Cajamarca, según la plataforma oficial GeoBosques del Ministerio del Ambiente (Minam). Solo en el 2023 desaparecieron 132 mil hectáreas, con un impacto crítico en Madre de Dios, Ucayali, Loreto y San Martín, este último convertido en uno de los epicentros históricos de la expansión agrícola y la tala.

Las causas de esta pérdida son múltiples: agricultura informal, tala ilegal, minería, cultivos ilícitos de coca y carreteras sin planificación. En el caso de San Martín, el avance del café y, más recientemente, de la palma aceitera ha dejado profundas huellas. A ello se suma la apertura de vías sin ordenamiento territorial, que funcionan como corredores de invasión forestal. José Luis Capella, director del Programa de Bosques de la SPDA, advierte que las políticas ambientales deben adaptarse a cada región: “En San Martín tienes el factor café y ahora la palma también es importante. No se puede hablar de una sola causa. Lo que sí se nota es que hay un factor agropecuario potenciado por las carreteras no planificadas y una falta de ordenamiento del territorio”.

El 2020 fue el año con mayor pérdida registrada: más de 200 mil hectáreas. Mientras en Lima se celebraba que la pandemia reducía el impacto humano sobre la naturaleza, en la Amazonía ocurrió lo contrario: se amplió la frontera agrícola y la tala aumentó.

La doctora Ana Sabogal, especialista en Ciencias Naturales, señala que la respuesta estatal en sus tres niveles –central, regional y local– sigue siendo tardía y desarticulada. “El Estado está trabajando algunas acciones puntuales, pero de manera lenta. Por ejemplo, se dieron lineamientos para incendios forestales, pero cuando estos ya habían comenzado. La Ley llamada Antiforestal ha desencadenado la búsqueda de nuevos terrenos para invadir”, advierte.

A la par, los incendios forestales se repiten cada año y ya han afectado más de 3,500 hectáreas de áreas naturales y pastos de cultivo, de acuerdo con el INDECI. La respuesta estatal se limita a anuncios punitivos u operativos aislados, sin planes de contingencia claros ni campañas preventivas. En regiones como San Martín y Alto Amazonas (Loreto), la falta de campañas de sensibilización es casi absoluta: no existen programas sostenidos de educación ambiental, ni sistemas de alerta temprana o brigadas comunitarias que articulen con las autoridades.

El biólogo Eric Cosio, director del Instituto de la Naturaleza, Tierra y Energía (INTE-PUCP), advierte que un bosque talado demora entre 10 y 20 años en recuperar parte de su estado original, siempre que el suelo no haya sido degradado por minería. Pero lo más grave es que los efectos del cambio climático ya comienzan a sentirse en la Amazonía peruana: el agua empieza a escasear y no existen planes de contingencia hídrica a la vista. “Si no se toman medidas de gobernanza forestal y planificación hídrica, el Perú podría enfrentar una crisis de agua similar a la que hoy sufre Chile en su zona central”, alerta.

En el 2023, el Perú fue catalogado como el quinto país del mundo con mayor pérdida de bosques, según el World Resources Institute (WRI). El Midagri anunció 14 proyectos de reforestación a cargo de Serfor, pero la magnitud del problema supera de lejos cualquier iniciativa fragmentada. La reforestación, aunque necesaria, no compensa la destrucción acelerada ni la ausencia de planificación territorial.

La pérdida de más de 3 millones de hectáreas de bosques en dos décadas no es solo un dato ambiental: es un llamado urgente a replantear el modelo de desarrollo y reforzar la institucionalidad ambiental. En San Martín y Alto Amazonas, donde los incendios reaparecen, el agua comienza a escasear y la falta de campañas de sensibilización agrava la crisis, la ausencia del Estado se hace más evidente.

Sin medidas de fondo, la Amazonía peruana corre el riesgo de cruzar un punto de no retorno.

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