Organizaciones ambientales advierten que la delegación de facultades al Ejecutivo podría flexibilizar normas sobre hidrocarburos, áreas naturales protegidas y derechos de pueblos indígenas.
El debate sobre la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo alarma por posibles cambios que debiliten la protección de Áreas Naturales Protegidas (ANP) y territorios de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI). La propuesta abre la puerta a que la exploración y explotación de hidrocarburos avance sobre la Amazonía, reduciendo cuidados ambientales, evaluadores de impacto y la consulta previa para acelerar inversiones, según la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
Cambios normativos podrían flexibilizar la evaluación ambiental
El Ejecutivo busca legislar por 120 días en desarrollo productivo, simplificación administrativa y desregulación. Organizaciones y representantes indígenas señalan la habilitación de procesos expeditos para la aprobación de proyectos extractivos e infraestructura en áreas sensibles. Sin límites claros, el proyecto abre la puerta a modificaciones que podrían debilitar las normas de protección ambiental y social.
Cristina López, líder de proyecto de DAR, advierte que la norma permitiría que decretos legislativos excluyan la aplicación de instrumentos de análisis de impacto regulatorio ex ante y consulta pública, claves en transparencia.
Además, la aprobación automática de los proyectos extractivos en ANP y territorios indígenas por vencimiento de plazos sin revisión incrementaría el riesgo de impactos ambientales y sociales.
Hidrocarburos en la Amazonía: presión sobre parques nacionales y reservas indígenas
La delegación incrementa la presión del sector energético para explorar y extraer hidrocarburos en áreas naturales protegidas intangibles como parques nacionales y reservas territoriales o indígenas.
En esa línea, el Reglamento de Actividades de Hidrocarburos permitiría la perforación extendida en el subsuelo del ANP o de los territorios PIACI sin las salvaguardas actuales. En la práctica, esto equivaldría a una ampliación del área de extracción sin la correspondiente modificación del contrato y la actualización de los instrumentos de gestión ambiental.
Asimismo, el silencio administrativo positivo permitiría que los proyectos de actividades extractivas sean aprobados sin que exista una evaluación técnica tras el vencimiento de los plazos.
Esta figura contraviene los principios de prevención y precaución reconocidos en la Ley General del Ambiente y en la Constitución Política del Perú, generando una actividad ambiental y socialmente insostenible a mediano y largo plazo. También podría trasladar los conflictos de la fase de evaluación a la de ejecución, generando paralizaciones y sobrecostos.
Áreas naturales protegidas generan empleo y desarrollo económico
La conservación de estos espacios genera un impacto económico y social, que contribuye a la economía nacional y local. El Parque Nacional del Manu genera casi 9.000 empleos directos e indirectos y, en 2024, las Áreas Naturales Protegidas (ANP) recibieron más de 2,4 millones de turistas.
Asimismo, la exportación de castaña alcanzó 18,3 millones de dólares. El debilitamiento de los estándares ambientales podría poner en riesgo la trazabilidad de los productos y el acceso al financiamiento internacional.
Delegación de facultades: especialistas alertan sobre riesgos ambientales y sociales
Las inversiones no pueden sustentarse en la eliminación de los cuidados necesarios para evitar desastres ambientales y el colapso de los recursos naturales.
Especialistas señalan que el enfoque que prioriza la agilización de permisos para hidrocarburos no resuelve problemas estructurales ni pasivos ambientales en la Amazonía. Muchas comunidades expuestas a la contaminación de sus ríos y recursos alimentarios siguen desatendidas. Tampoco se corrige el uso ineficiente del canon en Megantoni, que, siendo gran productor gasífero, mantiene a gran parte de su población sin acceso seguro a agua y electricidad.
DAR advierte posibles cuestionamientos constitucionales
El análisis alerta sobre posibles vicios de inconstitucionalidad de la propuesta de delegación de facultades por no cumplir con los requisitos de especificidad y por omitir un balance de la ejecución de delegaciones previas.
Tampoco incorporan medidas integrales para combatir las economías ilícitas (minería ilegal y tráfico de insumos) en la Amazonía.
Según la especialista de DAR, toda reforma requiere un debate técnico ampliamente participativo, que oriente las inversiones con estándares de protección ambiental y respeto a los derechos de los pueblos indígenas.
Recomendaciones formuladas:
Incorporar de manera expresa el enfoque socioambiental de la criminalidad organizada, fortaleciendo la trazabilidad del oro, control de mercurio, insumos y articulación entre la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Unidad de Inteligencia Financiera, la SUNAT y entes ambientales, además de restituir la facultad policial de decomisar explosivos en poder de mineros con inscripción suspendida en el REINFO (derogada por la Ley N.° 31989/2024).
Fortalecer el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), manteniendo el carácter vinculante de las opiniones técnicas de SERNANP, ANA y SERFOR. Asimismo, mantener el silencio administrativo negativo para los procedimientos ambientales (especialmente EIA-d o superpuestos con ANP, zonas indígenas o arqueológicas).
No exceptuar de la consulta pública, consulta previa y el análisis de impacto regulatorio a los decretos legislativos, garantizando procesos de participación culturalmente pertinentes que evalúen los impactos indirectos, acumulativos y futuros.
Excluir expresamente a las áreas naturales protegidas, sus zonas de amortiguamiento y las reservas territoriales o indígenas de aprobaciones expeditas en hidrocarburos e infraestructura, optimizando la articulación interinstitucional para reducir plazos sin omitir controles.
