Los demandará por la presunta comisión del delito de prevaricato e infracción constitucional; la congresista de la bancada Cambio Democrático – Juntos por el Perú, Ruth Luque, anunció que denunciará constitucionalmente a los magistrados del Tribunal Constitucional (TC), Francisco Morales Saravia, Luz Pacheco Zerga y gustavo Gutiérrez Ticse por la presunta comisión del delito de prevaricato.
“Anuncio que voy a presentar una denuncia constitucional contra los tres magistrados que han emitido esta decisión por delito de prevaricato y por infracciones constitucionales porque es una decisión que se aleja de las recomendaciones establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, dijo a la prensa.
Los magistrados que serán denunciados ordenaron la excarcelación de Alberto Fujimori en una auto emitido el 4 de diciembre, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había ordenado al Estado peruano que no ejecute la liberación del expresidente.
El abogado de Alberto Fujimori, Elio Riera, estimó que su cliente sería excarcelado este miércoles del penal de Barbadillo, establecimiento en el que cumple prisión efectiva tras ser sentenciado a 25 años de prisión por los casos Barrios Altos y La Cantuta.
Abogado de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta: “El TC ha perjudicado gravemente al Estado peruano”
El Perú podría ser sancionado económicamente debido al desacato de la orden de la Corte IDH que impedía la excarcelación de Fujimori. Última parte del fallo del TC podría ser una intromisión a la independencia judicial.
El abogado de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, Juan José Quispe, cuestionó el fallo del Tribunal Constitucional (TC) en el que se ordena la liberación inmediata del expresidente Alberto Fujimori, quien fue condenado a 25 años de prisión por estos crímenes en el 2009.
Quispe sostuvo que el Estado peruano tenía la obligación de cumplir con la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que ordenó no ejecutar la liberación del exmandatario. Incluso, recordó que la instancia supranacional dio al Perú hasta el 6 de diciembre para que informen sobre el cumplimiento de este requerimiento.
El abogado sostuvo que, siendo el TC una entidad del Estado peruano y habiéndose ordenado su liberación, se incumplió con la resolución de la Corte IDH, lo que podría devenir en sanciones económicas para nuestro país. “El TC ha perjudicado gravemente al Estado”, manifestó.