Los ex gobernadores regionales de Cusco, Jorge Acurio Tito, y de Loreto, Yván Vásquez Valera, así como los más altos funcionarios de su administración en el período 2011-2014, serían denunciados penalmente por la presunta comisión de ilícitos penales en la ejecución de diversas obras de infraestructura en sus respectivas jurisdicciones.
Así lo acordó la Comisión Fiscalización y Contraloría, que preside Gustavo Rondón Fudinaga, en su sesión de ayer miércoles 20, en la que se dio cuenta de los informes finales de las investigaciones hechas a ambas administraciones. Los informes serán sometidos a consideración del Pleno para su ratificación y ejecución.
Respecto a la región Loreto, el informe señala que la administración de Vásquez Valera, interpretó a su modo la Ley de Presupuesto General de la República del 2009 y decidió comprometer el ciento por ciento de los recursos provenientes del caso, para cubrir su deuda proyectada hasta el año 2023.
Esa decisión se tomó sin tener en cuenta la distribución de esos recursos, ni consultar a las instituciones beneficiarias (municipalidades provinciales y distritales, instituciones autónomas, universidades, INIA, etc.), que resultaron afectadas en sus respectivos presupuestos.
Entre otras irregularidades se ha detectado que en la ejecución de los trabajos de ampliación y mejoramiento del sistema de alcantarillado e instalación de una planta de tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Iquitos, el presupuesto inicial se habría incrementado en un 74.9 %, perjudicando al Estado por más de 315 millones de soles; pese a que la obra, que debió ejecutarse en 18 meses, lleva un retraso de tres años y diez meses.
Irregularidades similares se habían detectado en la elaboración del expediente técnico del proyecto de Ferrocarril Interoceánico Norte Yurimaguas-Iquitos; sobrevaloración en la adquisición de maquinaria pesada, aparte de descuentos irregulares de los haberes del personal contratados con el régimen CAS.
El informe, una vez aprobado por el Pleno, sería remitido al Ministerio Público, al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a la Contraloría y al Organismo Supervisor de Contrataciones con el Estado (OSCE) para que actúen de acuerdo a sus atribuciones
Por último, y por unanimidad en ambos casos, la Comisión envió al archivo dos proyectos de ley, el primero de los cuales proponía una norma para fortalecer el control previo de la Contraloría General de la República en los procesos de promoción de la inversión privada; y el segundo, modificar el artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado.