La Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada – Tercer Equipo, a cargo del fiscal provincial Juan Alberto Orihuela Legonia, ha presentado requerimiento acusatorio ante el Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional contra Genix Saboya Saboya y otros cuatro implicados por el delito de sicariato en agravio de Quinto Inuma Alvarado, líder indígena reconocido como “Apu” de su comunidad. El asesinato, ocurrido en 2023, se enmarca en un contexto de creciente violencia contra defensores ambientales y representantes de pueblos originarios que se oponen a actividades ilícitas en la Amazonía peruana. Según las investigaciones, el crimen fue perpetrado por encargo, constituyendo un caso de sicariato y homicidio calificado en grado de tentativa.
El Ministerio Público ha logrado que cuatro de los cinco acusados se encuentren actualmente bajo prisión preventiva, mientras uno permanece en condición de no habido. Se han intensificado las acciones para su ubicación y captura, en coordinación con otras entidades del Estado. De acuerdo al requerimiento fiscal, se ha solicitado penas que van desde los 23 años hasta la cadena perpetua, tanto para autores materiales como intelectuales. Genix Saboya Saboya, considerado coautor, afronta un pedido de 26 años de prisión; Belustiano Saboya Pisco, Limber Ríos Ruíz y Segundo Juan Villalobos Guevara enfrentan el requerimiento de cadena perpetua, mientras que Jerrly Saboya Saboya, sindicado como cómplice primario, podría recibir 23 años y seis meses de prisión.
Esta acusación ha sido posible gracias al trabajo conjunto con el Equipo Multidisciplinario Especializado de Homicidios (EME), creado en el marco del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio Público y el Ministerio del Interior, lo que permitió reunir pruebas clave que sustentan la acusación. Asimismo, los fiscales adjuntos provinciales del despacho de Orihuela participaron activamente en la recolección de testimonios, peritajes y demás elementos probatorios necesarios para el avance del proceso hacia el juicio oral.
El caso representa un hito en la defensa de los derechos humanos y ambientales en el país. El Ministerio Público reafirma su compromiso con la justicia y la protección de los pueblos indígenas, y mantiene su lucha contra el crimen organizado que pone en riesgo la vida y los territorios de quienes defienden el patrimonio natural del Perú.