Más de medio siglo de investigación biológica y conservación internacional corren el riesgo de desaparecer en menos de dos años ante el avance violento de la minería ilegal, mientras la inacción estatal y denuncias estancadas dejan a merced del crimen a investigadores y defensores ambientales.
La Amazonía peruana vuelve a ser escenario del avance implacable de las economías ilícitas, poniendo esta vez contra las cuerdas a uno de los baluartes científicos más emblemáticos del planeta. El Área de Conservación Privada y Estación Biológica Panguana, ubicada en la cuenca del río Yuyapichis, en la región Huánuco, enfrenta una creciente y sangrienta presión por la irrupción descontrolada de la minería ilegal. Esta actividad criminal, que irrumpió con fuerza devastadora en menos de dos años, ha provocado la destrucción acelerada del ecosistema y ha generado directas amenazas de muerte contra trabajadores e investigadores. Esta crisis de seguridad obligó a la paralización total de sus actividades científicas, educativas y de conservación, interrumpiendo abruptamente cerca de 60 años de labor ininterrumpida.
La gravedad del escenario se expuso con crudeza durante el encuentro “Panguana bajo amenaza: ciencia, conservación y acción urgente frente a la minería ilegal”, foro que congregó a representantes del Estado Peruano, la cooperación internacional, especialistas y organizaciones de la sociedad civil. Fundada en 1968, Panguana ostenta el título de ser la estación biológica más antigua del Perú y un referente mundial que ha recibido a científicos de alrededor de 30 países, albergando proyectos de largo plazo sobre biodiversidad, clima y restauración. Durante la cita, Juliane Koepcke, directora de la Fundación Panguana, exhibió impactantes imágenes satelitales que evidencian cómo, solo desde el año 2025, la minería ilegal ha devastado más de 100 hectáreas de bosque primario, abriendo trochas y carreteras ilegales e introduciendo maquinaria pesada sin ningún tipo de fiscalización.
Ante el repliegue del Estado, la Fundación Panguana debió contratar seguridad privada para frenar el ingreso de los invasores en sectores críticos, una medida insostenible financieramente en el tiempo. Asimismo, el representante de la fundación en la zona, Fernando Malatesta, confirmó que el personal y los científicos se vieron forzados a evacuar el territorio por razones de seguridad, dejando inconclusas investigaciones de décadas. En esa misma línea, el abogado especializado César Ipenza advirtió que existen denuncias penales presentadas ante la Fiscalía que aún no han sido procesadas ni muestran avances significativos, evidenciando una preocupante lentitud institucional que garantiza la impunidad de los invasores.
Frente a esta emergencia socioambiental, los especialistas y la sociedad civil demandan la ejecución inmediata de acciones concretas articuladas en diversos sectores:
Intervención Policial y Militar Sectorial: Despliegue de operativos de interdicción urgentes a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas en la cuenca del río Yuyapichis para erradicar la maquinaria ilegal y tomar el control territorial efectivo de la zona.
Celeridad en la Administración de Justicia: Exigir al Ministerio Público y a las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA) el procesamiento inmediato de las denuncias penales encarpetadas, identificando y capturando a los promotores y financistas de las invasiones.
Protección Efectiva a Defensores Ambientales: Activación urgente de los protocolos de garantías y protección para los investigadores, trabajadores y comunidades locales bajo amenaza, salvaguardando la integridad física de quienes defienden el patrimonio natural.
Fiscalización y Control del MTC y Gobiernos Locales: Bloqueo e inhabilitación inmediata de las trochas y carreteras ilegales abiertas por los mineros, impidiendo el suministro de combustible, insumos químicos y logística minera en Huánuco.
“Permitir que la minería ilegal destruya en meses lo que a la ciencia y a la naturaleza les tomó más de medio siglo construir no es solo una omisión estatal, es un crimen contra la memoria y el futuro del país. Panguana no puede ser abandonada a la violencia de las mafias; proteger la ciencia y a sus defensores es proteger la última línea de defensa de nuestra biodiversidad amazónica.”
