Sala Penal Apelaciones de Moyobamba
Por presuntas irregularidades en la construcción del puente Pacaypite.
La Sala Penal de Apelaciones de Moyobamba dispuso dieciocho meses de prisión preventiva al alcalde del distrito de Jepelacio, Joel Huamán Minga, investigado por la presunta comisión del delito contra la administración pública en las modalidades de colusión, cohecho pasivo propio y tráfico de influencias, en agravio de esa comuna. Esta medida también fue impuesta a Geiner Ulises Padilla Huancas y César Idel Villegas Peralta, siendo este último ya recluido en prisión.
El tribunal encargado de esta decisión, integrado por los magistrados Juan Carlos Paredes Bardales (presidente), Rigoberto Arturo Campos Salazar y Mario José Córdova Escobar (director de debates), determinó que el plazo de la medida será computado a partir del momento de la detención de los imputados, ordenando su aprehensión y, ulteriormente, su ingreso al penal de esta ciudad, oficiándose a la Policía Judicial y al establecimiento penitenciario
Según la investigación fiscal, en enero de 2022, la Municipalidad de Jepelacio contrató a una empresa privada para la construcción del puente carrozable en la localidad de Pacaypite, con un costo total de S/ 4,669,789.37. Sin embargo, en 2023, el alcalde Joel Huamán Minga, en presunto contubernio con Geiner Ulises Padilla Huancas, habría autorizado un pago adicional de S/ 234,771.07, cuando el valor real del trabajo adicional era de solo S/ 60,000, lo que resultó en un perjuicio patrimonial para la entidad por un monto aproximado de S/ 170,000.
La Fiscalía también sostiene que los imputados habrían falsificado fechas y documentos para encubrir estas irregularidades, infringiendo el Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado. Además, se acusa a Geiner Ulises Padilla Huancas y César Idel Villegas Peralta de haber solicitado dinero a la empresa constructora a cambio de agilizar los pagos de nuevos adicionales de obra, así como de haber incrementado el valor de otro adicional, buscando obtener un beneficio económico personal.
Con esta medida, la Sala Penal de Apelaciones de Moyobamba reafirma su compromiso con la justicia, actuando con celeridad y eficacia en la lucha contra la corrupción y la defensa de los intereses públicos, señala la nota informativa de la Corte Superior de Justicia de San Martín.
A señalado, VOCES ha verificado información sobre la corrupción que se dan en gestiones municipales y no hemos encontrado con información oficial
Según la contraloría general de la república
Son S/ 24 mil millones perdidos por corrupción en el año 2023, el perjuicio económico generado por la corrupción en el Perú durante el 2023 asciende a S/24.268 millones, lo que representa el 12,7% del presupuesto devengado a nivel nacional del año pasado.
La Defensoría del Pueblo señala
Al primer semestre de 2023, se han registrado un total de 5860 casos en proceso relacionados con presuntos actos de corrupción, siendo las municipalidades las entidades más agraviadas en los casos de corrupción, representando un 41 % del total (2378 casos), seguidas por los gobiernos regionales, que constituyen el 17 % (989 casos).
Que dice la academia. Los profesores universitarios Vega Luna, Eduardo Ernesto Elías Ayay, Lorena Yalú, en un libro denominado “Municipalidad y lucha contra la corrupción” señalan:
“En los últimos años, hemos sido testigos de cómo la corrupción ha ido escalando en el sistema de administración municipal, construyéndose en organizaciones criminales integradas por funcionarios públicos, empresarios, políticos y personas naturales con el fin de apropiarse indebidamente de los recursos económicos. En este contexto el estudio cobra relevancia puesto que prevé un análisis de carácter exploratorio sobre la capacidad que tienen las Municipalidades para ejercer funciones de legislación y fiscalización en el marco anticorrupción. Así, los autores advierten sobre las facultades de la municipalidad que, a través del consejo municipal, pueden ser elementos de provecho para combatir este flagelo o profundizar sus áreas de riesgo. De modo que resulta importante que esta situación sea entendida en su gran dimensión por los ciudadanos porque impacta, de manera directa e indirecta, en la vulneración de sus derechos. La falta de educación, de salud y de acceso a los servicios básicos son consecuencias de las prácticas corruptas”.