La presidenta Dina Boluarte promulgó hoy la Ley de Amnistía (Proyecto 7549/2023-CR), que beneficiará a miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y comités de autodefensa implicados en delitos durante el conflicto armado interno (1980-2000), siempre que no tengan sentencia firme o sean mayores de cierta edad sin condenas por terrorismo o corrupción.
Boluarte defendió la norma como un «acto de justicia» para quienes combatieron el terrorismo, ignorando el pedido de la CIDH que había solicitado suspender su trámite. El gobierno rechazó la intervención del organismo, alegando que vulnera la soberanía nacional.
Organismos de derechos humanos y familias de víctimas denuncian que la ley bloqueará más de 600 procesos judiciales y anulará al menos 156 sentencias, lo que, advierten, perpetuará la impunidad. Medios internacionales como El País la calificaron como un retroceso democrático.
ONGs y familiares de las víctimas anunciaron que recurrirán a la justicia para impedir su aplicación, mientras la CIDH prepara una audiencia pública el 21 de agosto.