La lucha contra la deforestación no solo es ambiental, sino también ética y social.
El señor Romel Andrés Moreno Enriquez, identificado con el Carnet de Extranjería N° 001405838, – de nacionalidad ecuatoriano- ha presentado una solicitud ante la Unidad de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre de Picota para la evaluación y aprobación de su Declaración de Manejo. Esta solicitud está relacionada con un permiso para el aprovechamiento forestal maderable en predios privados.
La solicitud se basa en el Informe Legal N° 196-2025-GRSM/ARASM/DGFFS/ELDGFFS, fechado el 07 de mayo de 2025, así como el Informe Técnico N°100-2025-GRSM-ARASM-DGFFS/APFFS, que derivan del Escrito S/N° recepcionado el 13 de enero de 2025. Estos informes son fundamentales para garantizar que las prácticas de manejo forestal se realicen de acuerdo a las regulaciones y normativas vigentes.
La Dirección de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre ha llevado a cabo una serie de acciones en relación con la solicitud de Declaración de Manejo (DEMA) para el aprovechamiento forestal maderable presentada por Moreno Enriquez.
Entender el accionar de la Autoridad Regional Ambiental en relación con la aprobación de la Declaración de Manejo (DEMA) para el aprovechamiento forestal de especies como la Quinilla, que se encuentra en veda, puede resultar complejo y puede dar lugar a diferentes interpretaciones. Aquí algunos puntos que podrían ayudar analizar esta situación:
La Ley dice: uso forestal, más no para hacer carbón, por cuanto la quinilla es una especie en veda, se puede aceptar que maneje, extraiga o para reforestar
Es fundamental revisar el marco normativo vigente que regula el aprovechamiento de recursos forestales. Aunque una especie esté en veda, podría haber excepciones o disposiciones específicas que permitan su aprovechamiento bajo ciertas condiciones, como un manejo sostenible o la comprobación de que no afectará la salud del ecosistema.
La decisión de la autoridad probablemente esté respaldada por un informe técnico que justifique el aprovechamiento de la Quinilla en este caso particular. Si se determinó que existen suficientes árboles semilleros y que el aprovechamiento propuesto no comprometerá la sostenibilidad de la especie, esto podría ser un argumento a favor de la autorización.
La declaración de manejo podría estar orientada a promover prácticas responsables de uso de recursos, que incluyan la conservación de árboles semilleros y regeneración del bosque. Si se implementan prácticas adecuadas, el uso de especies en veda podría verse desde la perspectiva de un manejo forestal sostenible.
Percepción Pública: La aprobación del ARA puede generar dudas sobre la coherencia del discurso institucional, especialmente si existen percepciones de «doble discurso» en la gestión ambiental. Es importante que las autoridades comuniquen claramente sus decisiones y las justificaciones detrás de ellas, para generar confianza en la gestión de recursos naturales.
Control y Monitoreo: La implementación de mecanismos de control y monitoreo es esencial para asegurar que el aprovechamiento autorizado se realice conforme a lo establecido. Esto incluye el seguimiento de los impactos ambientales y el cumplimiento de las condiciones impuestas.
Diálogo y Participación: Fomentar el diálogo con las comunidades locales y otros actores interesados puede ayudar a aclarar dudas y a construir un enfoque colaborativo en la gestión de recursos forestales.
En San Martín, un territorio rico en biodiversidad y recursos naturales, la contratación de licencias para actividades que fomentan la deforestación ha generado un profundo debate. A pesar de las promesas del gobierno de proteger el medio ambiente, la realidad muestra un panorama alarmante donde la tala incontrolable de árboles avanza a pasos agigantados.
El contexto actual
San Martín se enfrenta a una crisis ambiental, la deforestación, impulsada por actividades agrícolas y extractivas, han devastado grandes extensiones de bosques, amenazando no solo la flora y fauna, sino también a las comunidades que dependen de estos ecosistemas para su sustento. A pesar de las alarmas encendidas por científicos y especialistas, la concesión de licencias parece continuar sin un control adecuado.
Licencias y Deforestación
Recientemente, se han otorgado múltiples licencias para proyectos que, aunque prometen desarrollo económico, a menudo resultan en la destrucción del hábitat natural. Estos permisos suelen ser concedidos bajo la premisa de promover el crecimiento económico y la inversión, pero la falta de regulaciones estrictas y mecanismos de supervisión ha permitido que estas actividades se realicen de manera desmedida. Entonces, la pregunta surge: ¿cómo es posible que se otorguen licencias en medio de un contexto de deforestación alarmante?
Doble discurso oficial
Hay un evidente contraste entre lo que se dice en los discursos oficiales y lo que se traduce en acciones concretas. Mientras las autoridades proclaman el compromiso con la protección del medio ambiente y la sostenibilidad, las decisiones administrativas parecen ir en dirección opuesta. Este doble discurso genera una profunda desconexión entre la política y la práctica, lo que lleva a la desconfianza de la población hacia sus líderes.
Impacto Socioambiental
Las consecuencias de la deforestación son devastadoras. No solo se pierde biodiversidad, sino que también se afectan las comunidades indígenas y campesinas, quienes ven amenazadas sus formas de vida. El desmonte de bosques impacta en el cambio climático y la disponibilidad de agua. Las futuras generaciones serán las más afectadas si esta tendencia continúa.
Llamado a la Acción
Se requieren políticas coherentes que prioricen la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales. La implementación de evaluaciones de impacto ambiental exigentes y la suspensión de nuevas licencias hasta que haya un marco regulatorio efectivo son pasos cruciales para revertir esta situación.
La situación en San Martín es un claro ejemplo de los desafíos que enfrenta el país en su búsqueda por un desarrollo sostenible y las decisiones no se basen en intereses económicos a corto plazo.
La otra mirada: Entrevista al jefe de ARA
“Bosques en la mira: entre permisos legales, vedas ignoradas y una población desinformada”
San Martín: Brechas legales, permisos cuestionados y desinformación siembran dudas sobre la gestión forestal
¿Cómo es posible que se autorice la tala de especies forestales en veda en San Martín? ¿Qué ocurre cuando la legalidad se enfrenta a una realidad llena de contradicciones y vacíos?
Estas preguntas son inevitables al escuchar las declaraciones del Ingeniero Carlos Villavicencio Vásquez está a cargo de la Gerencia de la Autoridad Regional Ambiental del Gobierno Regional San Martín desde abril de 2025. VOCES entrevistó al Ing. Villavicencio quien trató de aclarar el caso de un predio privado ubicado en el distrito de Tingo de Ponaza de aproximadamente 128 hectáreas, del cual se solicitó el permiso para el aprovechamiento forestal en unas 28 hectáreas.
La intervención se da en un contexto donde persisten fuertes tensiones entre las comunidades locales, el aparato estatal, los empresarios forestales y las autoridades de fiscalización. En el fondo, el problema no es solo técnico o legal, sino de percepción pública, confianza institucional y desinformación generalizada.
“Según la evaluación, se van a extraer árboles maduros con fines de aprovechamiento selectivo, y se permitirá la regeneración natural en la misma área”, explicó el funcionario.
Sin embargo, una contradicción salta a la vista: dentro del permiso se incluye el aprovechamiento de Quinlla (Cinchona spp.), una especie declarada en veda por una norma superior. Ante ello, el funcionario se limitó a justificar que el permiso se otorga por tratarse de un predio privado y bajo el argumento de que la extracción es selectiva y controlada.
“Existe una ley que declara en veda la quinilla, sí, pero nos explican los especialistas que hay regeneración, y que el manejo es técnico. Además, el permiso fue otorgado conforme a la normativa vigente y supervisado por OSINFOR”, precisó el jefe del ARA.
Permisos sí, pero ¿con qué controles?
La supervisión, según el ARA, inicia con la evaluación de campo por parte de la Unidad Operativa de Picota y continúa con verificaciones a cargo de SERFOR y OSINFOR. El funcionario detalló que los árboles autorizados están registrados con códigos y medidas específicas, y que el traslado de madera o carbón debe ceñirse estrictamente al número de trozas aprobado.
“No es que el señor arrasa con las 28 hectáreas. Se hace una selección, se codifican los árboles, se verifica y luego OSINFOR supervisa si el aprovechamiento ha respetado los límites del permiso. Si ha tumbado más árboles de los permitidos, lo sancionan”, aseguró.
Sin embargo, no se ofrecieron detalles precisos sobre cuántas especies y cuántas unidades específicas están en proceso de extracción, ni se mostraron documentos de acceso público. A la fecha, tampoco se ha emitido una evaluación independiente ni se ha transparentado el contenido del permiso forestal en cuestión.
La Fiscalía y la Policía: entre la prevención y la confusión
La intervención del caso por parte de la Policía y la Fiscalía Ambiental añade otra capa de complejidad. Se hallaron 14 toneladas de carbón en la propiedad, lo que levantó sospechas sobre posibles actividades fuera de lo autorizado. Pero el ingeniero fue claro en que el material encontrado aún no ha sido comercializado y que el administrado no cuenta con permiso para su traslado.
“El carbón está ahí, no ha sido movilizado. ¿Por qué? Porque el señor sabe que todavía no tiene la autorización para el transporte. El expediente está en proceso en la Dirección de Gestión Forestal”, indicó.
A pesar de la presencia de las autoridades, el funcionario criticó la falta de especialización de la Policía Nacional en temas ambientales, y recalcó que el rol sancionador le compete a OSINFOR, no a los efectivos del orden.
“La Policía cumple una labor preventiva. Pero muchas veces no maneja los procesos forestales. Ellos alertan, sí, pero no sancionan”, subrayó.
Desinformación y desconfianza: caldo de cultivo para la ilegalidad
Lo más preocupante es el manto de confusión que persiste entre la ciudadanía sobre quién autoriza, quién fiscaliza y cómo se define si un área es aprovechable o no. El propio jefe del ARA admite que este desconocimiento alimenta la desconfianza hacia las instituciones.
“Muchas veces, por no conocer, se piensa que el ARA es parte del problema. Pero todo está normado. Los derechos de aprovechamiento se otorgan en función de la zonificación ecológica y económica (ZEE) y la zonificación forestal (ZF). No podemos negar una autorización si todo está conforme a la ley”, defendió.
No obstante, el sistema de permisos forestales y agrícolas parece diseñado para ser entendido solo por especialistas, dejando al margen a las poblaciones rurales, medios de comunicación locales y ciudadanía en general. El acceso limitado a la información técnica, las dificultades para interpretar las normas y la falta de articulación entre las entidades públicas convierten a cada caso en una novela kafkiana.
¿Legal pero ilegítimo?
Mientras el funcionario insiste en que el proceso cumple con la normativa, la contradicción entre una especie en veda y una licencia aprobada no deja de preocupar. Más aún, si se considera que estos permisos son utilizados en otras zonas para el blanqueo de madera ilegal o para justificar desmontes con fines agrícolas.
Además, el funcionario reveló que muchos de estos predios fueron titulados hace más de veinte años por el Estado, y que hoy la ARA se limita a revisar los permisos y verificar su cumplimiento, aunque reconoce que hay márgenes grises.
“Yo no trabajo bajo la mesa. A mí nadie me va a decir que le pagó al ingeniero para obtener un permiso. Pero también hay cosas que se nos escapan. El permiso puede tener veinte años. ¿Qué podemos hacer? Solo verificar que se cumpla lo que dice el expediente”, dijo finalmente.
La situación descrita deja más preguntas que respuestas.
¿Cuántas otras concesiones forestales incluyen especies protegidas sin la debida fiscalización? ¿Cuán funcionales son las instituciones responsables de velar por el uso sostenible del bosque? ¿Hasta qué punto los vacíos legales siguen siendo aprovechados para justificar la deforestación bajo el manto de la legalidad?
Frente a la creciente presión sobre los recursos naturales de la Amazonía, urge una reforma institucional, transparencia en los procesos de otorgamiento de derechos forestales y una campaña sostenida de educación ambiental que incluya a la población, no solo a los funcionarios. Porque, al final, la legalidad no siempre es sinónimo de justicia ambiental.
RESOLUCIÓN COMPLETA: