¿Defensa institucional o posible extralimitación?

Defiende oficio sobre JPRD y niega direccionamiento: “Es una recomendación, no una imposición”

La emisión de un oficio del despacho de la Procuraduría Pública Regional de San Martín recomendando a las unidades ejecutoras del Gobierno Regional priorizar determinados centros privados de administración de juntas de prevención y resolución de disputas ha generado serios cuestionamientos legales y administrativos. Mientras el procurador sostiene que se trata solo de una advertencia técnica sin carácter vinculante, especialistas advierten que este tipo de actuaciones podrían interpretarse como una utilización impropia del cargo al margen de las competencias expresamente establecidas por la normativa de contrataciones públicas. ¿Qué hay detrás? ¿Se intenta corregir vacíos del sistema o existe un interés político o institucional no transparentado?

La Procuraduría recomienda considerar únicamente a dos centros privados para la administración de las Juntas de Prevención y Resolución de Disputas (JPRD), el procurador Abel Armando Ávila Ocaña sostiene que su actuación responde exclusivamente al interés de proteger los recursos del Estado. Sin embargo, el documento ha encendido el debate sobre los límites de sus competencias, posibles excesos en el ejercicio del cargo y la necesidad de mayor transparencia en procesos donde se deciden controversias vinculadas a obras públicas de más de 20 millones de soles. ¿Qué hay detrás? ¿Se busca corregir una debilidad institucional o se intenta influir en decisiones que la ley reserva a otras instancias?

Desde VOCES, abrimos este espacio a todos los actores y contribuir al debate público con equilibrio y transparencia. Y en esa mirada entrevistamos al procurador regional

El procurador público regional de San Martín, respondió a los cuestionamientos surgidos tras la difusión de un documento dirigido a gerencias, direcciones regionales y unidades ejecutoras del Gobierno Regional de San Martín, en el que recomienda que los contratos vinculados a las Juntas de Prevención y Resolución de Disputas (JPRD) consideren únicamente a dos centros privados de administración: el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y MARC PERÚ.

Ante las críticas que señalan un posible direccionamiento y hasta una eventual utilización del cargo con fines ajenos a sus funciones, el funcionario fue enfático al afirmar que la Procuraduría no tiene injerencia legal en la designación de centros para las JPRD, y que su intervención solo constituye una recomendación preventiva y no vinculante.

“No hay ninguna obligación para las entidades. La Procuraduría no interviene en la JPRD, no tiene participación directa. Esto es solo una recomendación nacida de una preocupación legítima sobre cómo se están resolviendo disputas que involucran muchísimo dinero público”, sostuvo.

Ávila explicó que las JPRD se han convertido en un mecanismo obligatorio dentro de la Ley General de Contrataciones del Estado para contratos superiores a 20 millones de soles, y que sus decisiones pueden incluso adquirir carácter de cosa juzgada si no son impugnadas oportunamente. Precisó que, aunque la Procuraduría no participa en estos procedimientos, sí observa con preocupación que muchas de las resoluciones emitidas terminan siendo desfavorables para las entidades públicas.

“Lo que me preocupa es que muchas juntas de disputas vienen resolviendo en desventaja para el Estado. Hay adjudicadores que hoy trabajan para contratistas y mañana para entidades públicas. Eso genera dudas razonables sobre imparcialidad”, afirmó.

El procurador diferenció claramente este escenario del arbitraje tradicional, donde – según recordó – la normativa sí establece expresamente que la Procuraduría Pública debe intervenir en coordinación con la entidad para la designación de centros arbitrales.

“En arbitraje sí participamos porque la ley nos faculta. En JPRD no. Aquí solo hemos emitido una opinión basada en nuestra experiencia y en la necesidad de que las entidades evalúen mejor dónde y con quién resolverán controversias que involucran millones”, precisó.

No obstante, el documento ha generado fuertes cuestionamientos debido a que la normativa vigente establece un procedimiento específico, competitivo y plural para la elección de centros administradores de JPRD, procedimiento que no contempla recomendaciones direccionadas desde una Procuraduría Pública. Especialistas consultados advierten incluso que podría interpretarse como un supuesto de “utilizar su autoridad o cargo con fines ajenos a sus funciones”, e incluso rozar figuras legales como el patrocinio ilegal o la negociación incompatible, tipificadas en el Código Penal, cuando un funcionario interviene favoreciendo intereses particulares ante la administración pública.

Frente a ello, Ávila Ocaña rechazó tajantemente cualquier intención de favorecer a instituciones privadas.

“No tengo ningún vínculo con esos centros. No estoy en contra de la Cámara de Comercio de Tarapoto ni de ningún otro. Mi preocupación nace de los resultados que estamos viendo. Si una entidad decide escoger otro centro, está en su derecho. No hay imposición”, señaló.

Incluso reconoció que, en retrospectiva, quizás hubiese sido más prudente convocar primero a una mesa técnica antes de emitir el oficio.

“De repente sí, debimos reunirnos antes. Eso se puede reconocer. Quizás lo mejor era conversar primero con todas las asesorías jurídicas y luego establecer parámetros comunes”, admitió.

El procurador indicó además que ya sostuvo conversaciones preliminares con representantes del centro adscrito a la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de Tarapoto, actualmente vinculado a procesos de JPRD en el gobierno regional, y que espera reunirse formalmente con ellos para conocer sus mecanismos internos de selección de adjudicadores, sus filtros éticos y sus protocolos de imparcialidad.

“Lo que quiero saber es cómo nombran a sus adjudicadores, qué controles tienen, qué garantías ofrecen. Porque al final una sola decisión puede comprometer millones de soles del Estado”, manifestó.

En su reflexión final, el procurador insistió en que la intención de la Procuraduría Pública Regional no es confrontar ni generar conflictos institucionales, sino fortalecer la defensa jurídica del Estado y promover un debate necesario sobre la transparencia en los mecanismos privados de resolución de controversias.

“No estamos en contra de nadie. No buscamos enfrentarnos al Gobierno Regional ni a ningún centro. Queremos defender mejor los intereses públicos y, si hay que dialogar, reunirnos y corregir, estamos totalmente abiertos”, concluyó.

La controversia, sin embargo, deja abiertas preguntas de fondo: ¿se trata de una legítima alerta institucional o de una intervención que excede las competencias del procurador? ¿Se busca transparentar un sistema vulnerable o influir en decisiones estratégicas bajo el argumento de proteger al Estado? ¿Existen intereses políticos o tensiones internas aún no reveladas?

Desde VOCES, reafirmamos nuestro compromiso con el equilibrio informativo y el diálogo abierto entre todos los actores involucrados. En temas donde están en juego millones de soles de recursos públicos, la transparencia, la legalidad y la confianza ciudadana deben estar siempre por encima de cualquier interés particular.

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