San Martín frente al espejo:

Las cifras oficiales revelan una constante que atraviesa tres gestiones del Gobierno Regional de San Martín: millones destinados a infraestructura y proyectos educativos que no logran ejecutarse plenamente. Entre 2015 y 2026, el presupuesto acumulado supera los S/ 968 millones, pero una parte significativa permanece sin utilizar, evidenciando un problema estructural de gestión pública que la región no puede seguir ignorando si quiere cerrar brechas educativas.

La historia reciente de la inversión pública en educación en la región San Martín no solo se mide por la magnitud de los recursos asignados, sino también por la capacidad – o incapacidad – de convertir esos fondos en obras concretas.

Un análisis de la ejecución presupuestal del Gobierno Regional de San Martín en la función educación entre 2015 y 2026 muestra que, pese al crecimiento del presupuesto, la eficiencia en el gasto sigue siendo una deuda pendiente.

Según datos de la Ministerio de Economía y Finanzas, sistematizados a partir de su portal de transparencia económica, durante tres periodos de gestión regional se programaron S/968,257,260 para proyectos educativos. Sin embargo, solo se ejecutaron S/657,390,931, dejando un saldo presupuestal de más de S/310 millones que no se transformaron en infraestructura, equipamiento o mejoras educativas para miles de estudiantes de la región.

El primer periodo analizado corresponde a la gestión del exgobernador Víctor Manuel Noriega Reátegui (2015–2018). En esos años se contó con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/305,941,358, de los cuales se ejecutaron S/205,047,319, alcanzando un avance del 67.02%. El saldo sin ejecutar ascendió a S/100,894,039, una cifra que evidencia dificultades para transformar recursos disponibles en proyectos culminados.

Durante la siguiente gestión regional, encabezada por Pedro Bogarín Vargas entre 2019 y 2022, el presupuesto programado fue de S/294,995,385. En este periodo se logró ejecutar S/208,576,256, alcanzando un avance de 70.70%, el porcentaje más alto entre las tres administraciones analizadas. Sin embargo, aun así quedaron S/86,419,129 sin utilizar, manteniendo la tendencia de subejecución presupuestal en el sector educativo.

La actual gestión regional, liderada por Walter Grundel Jiménez para el periodo 2023–2026, presenta hasta el momento un panorama similar. El presupuesto destinado a educación asciende a S/367,320,517, el más alto de los últimos años. No obstante, hasta el 2 de marzo de 2026 se registra una ejecución de S/243,767,356, equivalente a 66.36%, dejando un saldo pendiente de S/123,553,161.

Más allá de las cifras, el problema adquiere una dimensión social evidente. Cada millón no ejecutado representa aulas que no se construyen, colegios que continúan deteriorados o estudiantes que siguen aprendiendo en condiciones precarias, especialmente en zonas rurales y amazónicas donde las brechas educativas siguen siendo profundas.

La lectura de estos números obliga a una reflexión incómoda pero necesaria: el problema no es únicamente de presupuesto, sino de gestión pública. Durante más de una década, tres administraciones regionales han manejado montos significativos destinados a educación, pero ninguna ha logrado superar de manera sostenida el umbral del 71% de ejecución.

Para una región que, apuesta por el desarrollo sostenible, el turismo y la economía verde, la educación debería ser la inversión estratégica más eficiente. Sin embargo, los datos muestran que aún persisten fallas en la planificación, formulación de proyectos, capacidad técnica y ejecución administrativa.

La pregunta que queda abierta es inevitable: ¿cuántas oportunidades educativas se han perdido en esos más de S/310 millones que nunca llegaron a convertirse en infraestructura o servicios educativos?

Las cifras, frías y contundentes, colocan a San Martín frente a un espejo incómodo. Y al mismo tiempo plantean una advertencia clara para el futuro: si no se corrigen las fallas de gestión, el problema de la educación no será la falta de recursos, sino la incapacidad de utilizarlos correctamente. Fuente: Transparencia del MEF